MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Constitucional (TC) declarará "plenamente acorde con la Constitución" la reforma legal que le otorgó capacidad coercitiva y sancionadora contra los cargos públicos que incumplan sus órdenes y sus sentencias, según ha publicado este domingo el diario La Vanguardia.
Según informa el periódico barcelonés, con esta decisión el TC, incluida en Ley del Tribunal Constitucional promovida durante el último gobierno del Partido Popular, asumirá la función de suspender a políticos y apartarlos de sus responsabilidades en el caso de que sea necesario para "garantizar que sus decisiones se atienden y ejecutan".
El Constitucional, añade la información de La Vanguardia, pensó inicialmente resolver sobre la reforma de su ley antes de decidir qué medidas tomar en torno a la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, a la que tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía General han acusado de desobedecer al propio TC.
La presunta desobediencia de Forcadell se habría producido al permitir que se debatieran y votaran en la Cámara catalana las conclusiones para fijar la hoja de ruta de la ruptura con España. Todo ello condujo a la presentación de una querella elaborada por la Fiscalía del Estado, presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que la admitió a trámite el pasado día 25 de octubre.
Esta acusación podría ampliarse o presentarse otra querella, ya que el Gobierno ha interpuesto otro recurso contra la votación del Parlament del pasado día 6 de octubre sobre los planes de ruptura con el Estado presentados por las fuerzas soberanistas. Ante esa hipotética situación, según La Vanguardia, el TC podría utilizar sus nuevas competencias, ya asumidas y avaladas por los magistrados, para suspender directamente a los cargos públicos que hayan incurrido en desobediencia.
La magistrada vasca Adela Asúa, vicepresidenta del Constitucional, presentó, en el pleno del TC celebrado a primeros de octubre, un proyecto de sentencia en el que se declaraba contraria a la Constitución precisamente la regulación de las nuevas competencias del TC para que pueda suspender a políticos en el ejercicio de sus cargos.
Sin embargo, apunta la información de La Vanguardia, Asúa quedó en minoría con su tesis y recibió "una auténtica enmineda de fondo por parte de la mayoría del TC, de signo conservador". De este modo, la resolución sobre las nuevas atribuciones sancionadoras del TC tendrá un nuevo ponente. Se trata del magistrado Pedro González Trevijano, catedrático de Derecho Constitucional y perteneciente al sector conservador de la institución.
