El TC rechaza que hubiera urgencia para crear el fondo catalán que avaló las fianzas del 'procés' en el TCu

La sentencia no tendrá efectos porque hay una ley posterior que regula el fondo y no está recurrida

MADRID 9 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional el decreto-ley por el que el Gobierno catalán creó el Fondo Complementario de Riesgos para cubrir las fianzas exigidas por el Tribunal de Cuentas (TCu) a los líderes del 'procés', al considerar que no concurrían las razones de "extraordinaria y urgente necesidad" que exige la ley para legislar por esta vía. Sin embargo, el fallo no tendrá consecuencias prácticas.

Según las fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press, el Pleno ha estimado el recurso de Vox contra el decreto-ley 15/2021, de 6 de julio, por el que se creó dicho fondo, con una amplia mayoría de 11 magistrados --tanto progresistas como conservadores-- contra 1, la magistrada progresista María Luisa Balaguer, que abogaba por desestimarlo.

No obstante, la sentencia aprobada este miércoles no surtirá efectos porque hay una ley posterior que desarrolló lo recogido en el citado decreto y que no ha sido objeto de impugnación, por lo que el fondo seguirá vivo en base a esta norma jurídica.

Además, los cinco magistrados enmarcados en el bloque conservador --Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macías-- han anunciado votos particulares concurrentes al considerar que el decreto es inconstitucional no solo por no cumplir con esos requisitos legales, sino porque Cataluña carece de las competencias para crearlo.

Estos cinco magistrados observan también vulneraciones de los artículos 117, 118 y 136 de la Constitución, referidos al ejercicio de la potestad jurisdiccional, al obligado cumplimiento de las resoluciones judiciales y al Tribunal de Cuentas.

El TCu pidió a los líderes independentistas una fianza de 2,1 millones de euros que avaló el Fondo Complementario de Riesgos a través del Instituto Catalán de Fianzas (ICF), en el marco del procedimiento contable por los gastos del 1-O y la acción exterior, hoy suspendido por la amnistía.

Este procedimiento afectaba a 35 ex altos cargos catalanes, entre ellos los ex presidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y el ex vicepresidente Oriol Junqueras, que fueron juzgados en noviembre del año pasado.