MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) retomará mañana el debate sobre el recurso interpuesto por cincuenta diputados del PP contra dos artículos de la reformada Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), uno de los cuales establece la renovación automática de su presidenta, María Emilia Casas, mientras siga siendo magistrada de este órgano, informaron a Europa Press fuentes del alto tribunal.
Los ocho magistrados que integran este tribunal continúan así las deliberaciones que interrumpieron el pasado día 1, cuando concluyeron sin acuerdo la tercera sesión de debate sobre este asunto.
Deberán adoptar una resolución los cinco magistrados de tendencia "progresista" y los tres del sector "conservador" que quedan en el Pleno después de admitirse las recusaciones planteadas por parte del Gobierno de dos magistrados pertenecientes a este último grupo, Jorge Rodríguez-Zapata y Roberto García-Calvo. Tampoco están presentes Casas ni el vicepresidente del TC, Guillermo Jiménez, que se abstuvieron al considerar que el recurso les afectaba personalmente.
El recurso del PP se dirige contra los artículos 16.1 y 16.3 de la citada norma, por entender este partido que limitan las competencias del Senado y que vulneran el tiempo de mandato para el presidente del Constitucional fijado en la Carta Magna.
Ambos artículos chocan, según los recurrentes, con el 159 y el 160 de la Constitución. En el caso del artículo 16.1, el PP entiende que se obliga a la Cámara Alta a elegir a los miembros de este Tribunal que le corresponde sólo dentro del cupo de magistrados propuestos por las Comunidades Autónomas, lo que a juicio de los 'populares' supone una "desapoderación y limitación" de las competencias del Senado.
En cuanto al artículo 16.3, entienden que la nueva ley no respeta el tiempo de mandato fijado para el presidente y el vicepresidente del Tribunal en la Constitución.
El Gobierno recusó a García-Calvo y Rodríguez-Zapata por considerar que se encuentran "contaminados" para entender del recurso por haber expresado una opinión contraria a la reforma de la LOTC mediante una carta que remitieron en junio pasado a la presidenta del tribunal.
