MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas ha enviado al Congreso su catálogo de propuestas para precisar y mejorar la contabilidad de los partidos políticos, entre las que figura la necesidad de regular el uso de medios públicos por parte de líderes políticos en campaña electoral.
El documento se aprobó ayer en el Pleno del Tribunal de Cuentas y será estudiado el próximo lunes en el seno de la próxima reunión, se espera que última, de la subcomisión del Congreso encargada de la reforma de la Ley Electoral.
Las propuestas del Tribunal de Cuentas se han venido reiterando en los distintos informes de fiscalización sobre los partidos políticos, tanto los anualmente revisan su actividad ordinaria como los que se realizan con motivo de la celebración de los distintos procesos electorales (locales y autonómicas, Cortes Generales y Parlamento Europeo).
Según informó hoy la entidad fiscalizadora, sus recomendaciones se centran especialmente en la perspectiva de control de las cuentas de los partidos políticos, "con la pretensión de que dicha función quede reforzada y responda a los objetivos previstos".
En concreto, se demanda la armonización de la normativa electoral estatal y autonómica, medidas para garantizar la rendición de cuentas de las formaciones políticas (tanto aquéllas que estando obligadas no las presentan como las que no están hoy sujetas a la obligación de presentar la contabilidad electoral por no haber obtenido representación), y la adecuación de la financiación pública y privada de las campañas.
GÜRTEL, FALCON, ETC
Hay un capítulo especialmente dedicado a la regulación de determinados gastos electorales y sus límites: los realizados en precampaña, los asumidos por terceros (como proveedores, algo que se conoció por ejemplo a raíz del 'caso Gürtel' y el PP), los gastos por la utilización de medios públicos (lo que abarcaría la polémica que protagonizó el presidente José Luis Rodríguez Zapatero por el uso de un avión militar para viajar a ciudades donde iba a pronunciar un mitin en las europeas), los gastos por envíos de propaganda electoral y los de publicidad exterior, prensa y radio.
En el catálogo de propuestas también figura la conveniencia de establecer un régimen sancionador en que pudieran incurrir las formaciones políticas o terceras personas con ellas relacionadas.
