VITORIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas y sus equivalentes de ámbito autonómico se han reunido este miércoles en Vitoria para, entre otros asuntos, seguir trabajando en un informe conjunto sobre el uso de las encomiendas de gestión en el sector público en las comunidades autónomas.
La Comisión de Coordinación de Comunidades Autónomas del Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas (OCEX) ha estado presidida en esta ocasión por el consejero del Departamento de Comunidades Autónomas del Tribunal de Cuentas, Ángel Algarra Paredes, ejerciendo de anfitrión el Presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, Jose Luis Bilbao Eguren.
El objetivo de estas reuniones es reforzar el papel de las instituciones de control externo para verificar que los fondos públicos son utilizados bajo los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía.
En estas citas se valoran las distintas actuaciones realizadas y programadas en cada institución y se debaten aquellos aspectos económico-financieros que, por su entidad, peculiaridad o interés común, pudieran constituir un objetivo específico de fiscalización conjunta mediante la coordinación y colaboración mutua.
En concreto, los asistentes han examinado y valorado el desarrollo de los trabajos fiscalizadores que se han realizado coordinadamente por los OCEX y por el Tribunal de Cuentas en relación con la utilización de la encomienda de gestión por las entidades del sector público autonómico, cuya ejecución se acordó en reuniones anteriores, con la finalidad de presentar además un informe global con los resultados más significativos obtenidos por cada órgano de control.
Además, se ha planteado y propuesto llevar a cabo nuevas fiscalizaciones horizontales para analizar los procesos de reordenación de los sectores públicos instrumentales en el ámbito autonómico.
Con esta nueva reunión se vuelve a poner de manifiesto la voluntad de las instituciones fiscalizadoras del sector público de afianzar los mecanismos de coordinación y colaboración para lograr, en un esfuerzo común, un más completo y avanzado control en la utilización de los recursos públicos por parte de las entidades del sector público autonómico, cuya relevancia resulta cada vez mayor.
