MURCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Unión de Consumidores de España (UCE) ha lamentado que el nuevo número de información del tráfico de la DGT tenga un coste para los consumidores, y ha reclamado que "no se insista en una tendencia, cada vez más clara, de cargar el ahorro administrativo necesario para salir de esta crisis sobre el ciudadano", según han informado fuentes del citado colectivo en un comunicado.
Y es que, la decisión del Ministerio de Industria, a instancias de la Dirección General de Tráfico, de cambiar el número telefónico de servicio de información sobre tráfico y auxilio en carretera "supone un nuevo varapalo para el bolsillo de los españoles ya que, a partir de ahora, el número de nueve cifras que prestaba un servicio gratuito para el ciudadano, pasa a ser de pago", han indicado desde UCE.
En este sentido, desde la DGT "se han limitado a subrayar que este cambio de modelo supondrá un ahorro de un millón de euros para Administración. Sin embargo, no se ha pronunciado sobre cómo se va a ejecutar este nuevo servicio de pago y si se va a establecer algún mecanismo de control para evitar que los tiempos de espera los pague el consumidor", han criticado.
De este modo, UCE ha citado como ejemplo al Gobierno alemán que, el pasado septiembre, decidió que los servicios de espera telefónica debían ser gratuitos. "Esta modificación llevada a cabo por el Ejecutivo alemán se ajustaba a los números equivalentes a los 900 en España, cuyo negocio se basa en el tiempo que se mantiene en espera al usuario. Desde el Ejecutivo alemán se explicó cómo estos números sólo podrían instalarse siempre y cuando el número que recibe la llamada, y no el que la efectúa, se hicieran cargo de los costes", han explicado.
En España, es la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones la que se encarga de asignar los números telefónicos. Sin embargo, es el Ministerio de Industria el que se encarga de establecer la tarifa que se aplicará al usuario del número.
Por ello, desde la UCE "queremos denunciar que la medida adoptada suponga que los consumidores serán quienes se hagan cargo del coste de un servicio hasta ahora gratuito. Una vez más, el ciudadano de a pié será el que pague los platos rotos".
Finalmente, la Unión de Consumidores ha lamentado que esta decisión se haya adoptado de una manera unilateral sin buscar consenso social con las asociaciones de consumidores. Asimismo, cree que el Ministerio debería haber explicado a qué se va a destinar el supuesto millón de euros que se van a ahorrar.
