MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -
Unión, Progreso y Democracia (UPyD) considera que es conveniente actualizar el denominado 'Pacto Antitransfuguismo' suscrito en 1998 por las formaciones que entonces tenían representación en el Congreso y así lo va plantear en la Cámara Baja la próxima semana en plena resaca de las elecciones de este domingo, de las que surgirán ayuntamientos y parlamentos autonómicos en los que van obtener representación nuevos partidos que no forman parte de ese acuerdo.
Con el objetivo de poner al día el contenido de un acuerdo que considera se ha quedado "obsoleto", la formación magenta dirigirá el próximo miércoles una interpelación al Gobierno en la sesión de control, lo que le garantizará poder someter a votación una iniciativa concreta en el mismo foro la segunda semana de junio en vísperas de que se constituyan, el día 13 de ese mes, los ayuntamientos surgidos de las elecciones del domingo.
La formación que lidera Rosa Díez podría aprovechar esa moción para que el Congreso se pronuncie sobre un primer 'borrador' del Acuerdo sobre un Código de Conducta en relación con el transfuguismo que quiere renovar.
DESPEGO Y DESCONFIANZA EN EL SISTEMA
En la exposición de motivos de su interpelación, a la que ha tenido acceso Europa Press, UPyD remarca que aquel primer acuerdo de
1998 supuso el inicio de una serie de medidas encaminadas a erradicar esa "deleznable" práctica que distorsiona la voluntad expresada por los ciudadanos en la urnas y, por tanto, contribuye a generar "desapego" y "desconfianza" hacia los mecanismos de representación.
Aquel primer texto firmado en el Ministerio de Administraciones Públicas en la primera legislatura del gobierno de José María Aznar fue suscrito por PP, PSOE, IU, CDC, UDC, PNV, CC, ICV, BNG, ERC, Eusko Alkartasuna, Unión Valenciana y el Partido Aragonés Regionalista y después se sometió a dos actualizaciones en 2000 y 2006, respectivamente, incorporándose la Chunta Aragonesista y el Partido Andalucista.
Es decir, no lo han firmado fuerzas emergentes como Podemos y Ciudadanos, y ni siquiera Unión, Progreso y Democracia porque en su última actualización el partido no había nacido. No obstante, pero los magenta siempre han denostado esta práctica que tiene, según recalcan, especial incidencia en la política municipal.
De hecho, uno de los motivos que esgrimió la formación de Díez para no sellar un acuerdo electoral con Ciudadanos fue que el partido de Albert Rivera contabilizaba como concejales suyos a ediles que habían sido elegidos bajo otras siglas.
Esta formación remarca que aquel pacto surgió con "la firme voluntad de fomentar y consolidar la conciencia social del carácter inadmisible y la naturaleza políticamente patológica de este tipo de comportamientos" y que para evaluar su aplicación se creó una Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo en el seno del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y se fueron perfeccionando los mecanismos de control para evitar esta práctica.
ESTÁ VACÍO DE CONTENIDO
Sin embargo, considera que a día de hoy "este acuerdo está totalmente obsoleto" y que sus herramientas y mecanismos de control "han quedado vacíos de contenido" siendo "urgente y necesario" proceder a su renovación.
En este contexto, hace hincapié en la necesidad de buscar nuevas fórmulas de luchar contra un comportamiento que, a su juicio, supone "una deslealtad hacia las fuerzas políticas que depositaron su confianza en personas que, posteriormente, acreditan no ser merecedoras de ella" y que "tiene efectos inmediatos sobre la gobernabilidad de las instituciones", y lo que es más importante, "sobre la balanza de fuerzas resultante de la voluntad de los ciudadanos expresada mediante el voto en las correspondientes elecciones".
