UPyD pide al Gobierno vasco que revise los perfiles lingüísticos que se aplican a los puestos de la Administración

Exige al nuevo Ejecutivo que "acabe" con los "abusos, discriminaciones e imposiciones" en política lingüística

VITORIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario vasco de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Gorka Maneiro, ha presentado una iniciativa en la que solicita al Gobierno vasco que se revisen los perfiles lingüísticos que se aplican a los puestos de trabajo de la administración vasca.

En un comunicado, Maneiro ha recordado que, en la actualidad, "sigue habiendo miles" de ciudadanos vascos que están siendo "claramente discriminados por razón de lengua". En este sentido, se ha referido a los vascos a los que "se les exige conocimientos lingüísticos en euskera para cubrir un puesto de trabajo que en absoluto requiere de dichos conocimientos".

Para el portavoz de UPyD en la Cámara vasca, esto "significa abuso, discriminación e imposición", algo que su formación "no va a parar de denunciar". "Exigiremos al nuevo Gobierno que acabe con ello", ha añadido.

"Vamos a seguir denunciando los excesos de las políticas lingüísticas aplicadas durante décadas por el nacionalismo vasco, excesos que durante los últimos tres años y medio de gobierno socialista ni el PSE ni el PP quisieron cambiar", ha señalado Maneiro.

PROPOSICIÓN

Entre otras propuestas, UPyD ha presentado una proposición no de Ley sobre la reforma de las relaciones de puestos de trabajo en la administración. En ella, pide al nuevo Ejecutivo que presente en la Cámara "el análisis cualitativo de idoneidad de los perfiles lingüísticos que se están aplicando en este momento".

La iniciativa propone "que se reformen todas las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Comunidad Autónoma y de su Sector Público en lo que se refiere a las exigencias de perfiles lingüísticos", de manera que, a la vista del análisis, dichas exigencias "se adecúen a las necesidades de la prestación del servicio".

La propuesta recoge que "la valoración de las necesidades del servicio será exclusivamente técnica y no seguirá criterios políticos, tal como se ha hecho durante los últimos años".