MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) somete este martes a votación en el Pleno del Congreso una moción en la que insta al Gobierno a realizar las modificaciones legales necesarias para asegurar que las personas acusadas formalmente por un delito relacionado con la corrupción no puedan integrar candidaturas electorales ni, en su caso, seguir ostentando cargos públicos.
Esta moción es consecuencia de la interpelación que la líder de UPyD, Rosa Díez, formuló al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, el pasado 31 de octubre, en un debate en el que ambos intercambiaron impresiones sobre la conveniencia de tomar medidas contra los imputados por corrupción.
Díez defendió entonces sacar de las listas electorales y de los cargos públicos a los imputados, pero el ministro replicó que esa figura sólo busca dar garantías a la persona citada a declarar y sobre la que aún no pesa ningún indicio de criminalidad. No obstante, Ruiz Gallardón sí se comprometió a estudiar la posibilidad de excluir a aquellos encausados a los que se va a abrir juicio oral.
Finalmente, la formación de Rosa Díez ha recogido el guante y en su moción pide actuar contra los "acusados formalmente", de tal manera que se acometan las reformas legales necesarias para incluir la acusación formal por un delito de corrupción como causa de inelegibilidad e incompatibilidad.
UNA REFORMA YA APROBADA
Durante su debate con el titular de Justicia, Díez también reclamó que los partidos políticos y los sindicatos tuvieran responsabilidad penal, una idea que Gallardón aceptó suya y que la Comisión de Justicia del Congreso hizo realidad tan sólo una semana después al dar vía libre a una enmienda presentada por UPyD a la la reforma del Código Penal en materia de fraude fiscal y a la Seguridad Social.
De hecho, la enmienda registrada por la formación magenta fue la única que el PP aceptó durante la tramitación de la citada reforma. Aún así, la demanda de eliminar la exención de que disfrutan los partidos políticos y sindicatos del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el vigente Código Penal continúa como segundo punto de la moción de UPyD.
Además, de plantear estas dos reforma legislativas, Rosa Díez pretende que el Congreso emplace al Ejecutivo ha aprobarlas en un plazo máximo de seis meses.
