El presidente vasco destaca que de los 500 presos a los que se ha aplicado esta medida, solo un 5% son reclusos de ETA
VITORIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que tanto la Fiscalía como la Audiencia Nacional "son conscientes de la meticulosidad" y "ponderan" los expedientes elaborados por los profesionales del Gobierno Vasco a la hora de conceder progresiones de grado a presos que cumplen condena en prisiones de Euskadi.
En el pleno de control del Parlamento Vasco, el presidente del grupo PP+Cs, Carlos Iturgaiz, ha subrayado el hecho de que, de los cerca de 30 terceros grados concedidos por el Gobierno Vasco a reclusos que en su día pertenecieron a ETA, la Audiencia Nacional ha revocado cinco.
Urkullu, por su parte, ha destacado que esta modalidad de beneficio penitenciario ha sido otorgado por el Ejecutivo autonómico hasta el momento a 500 reclusos, de los que un 5% corresponden a presos que en su día pertenecieron a ETA.
"FIASCO"
Iturgaiz considera que estos datos "acreditan el poco fundamento jurídico y el exceso de interés político" del Gobierno Vasco a la hora de aprobar estos terceros grados. El dirigente de PP+Cs ha reclamado a Urkullu "dimisiones" por las "responsabilidades políticas" por el "fiasco" que suponen estas revocaciones para las decisiones adoptadas por el Ejecutivo autonómico.
En este sentido, ha acusado al Ejecutivo autonómico de "saltarse la ley en beneficio de terroristas", y ha asegurado que la aspiración del lehendakari de contar un ámbito jurídico "propio" para Euskadi responde a su intención de "promover excarcelaciones exprés para terroristas".
En su respuesta, el lehendakari ha recordado que el funcionamiento "normalizado" de la Justicia implica que la Fiscalía "pueda recurrir algunas de las solicitudes que se presenten". "Ha ocurrido antes de que tuviéramos la competencia [penitenciaria] y sigue ocurriendo ahora", ha manifestado.
En todo caso, ha destacado que "tanto la Fiscalía como la Audiencia Nacional son conscientes de la meticulosidad de nuestros profesionales y ponderan nuestros expedientes y su motivación". Urkullu ha añadido que el Ministerio Público y la Audiencia Nacional "en ningún caso han criticado o minusvalorado" los expedientes que acompañan a la concesión de las progresiones de grado por parte del Gobierno Vasco. "Más bien nos han expresado todo lo contrario", ha asegurado.
"RIGUROSOS Y PROFESIONALES"
El lehendakari ha explicado que "cada progresión de grado solicitada por el Gobierno Vasco está avalada desde el punto de vista penitenciario y profesional, puesto que toda solicitud cuenta con el aval de la Junta de Tratamiento, que ha realizado previamente unos informes individualizados, rigurosos y profesionales".
Urkullu ha informado de que desde la asunción de la competencia penitenciaria hace poco más de un año, el Ejecutivo autonómico ha concedido 500 progresiones a tercer grado. El lehendakari ha precisado que de esas progresiones, un 5% afectan a presos de ETA, "cuando estos representan más del 8% del total de presos" que albergan las prisiones vascas.
Por otra parte, ha recordado que el tercer grado "es una forma de cumplir una condena y no supone dejar de cumplirla". "Es la forma de cumplimiento que prevé el artículo 102.3 del Reglamento Penitenciario para quienes, por sus circunstancias personales y penitenciarias, estén capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad", ha señalado.
Urkullu ha añadido que a la hora de conceder estas progresiones de grado "hay algunos requisitos objetivos que deben cumplirse, como haber cumplido el periodo de seguridad o la mitad de la condena". Además, según ha recordado, la Junta de Tratamiento "debe examinar minuciosamente al menos cada seis meses la evolución de cada interno".
"Nuestras decisiones son individualizadas, con criterios técnicos y siempre bien fundamentadas jurídicamente; pero la Audiencia Nacional tiene la última palabra, tal y como establece el ordenamiento jurídico", ha manifestado.
"RESPETO INSTITUCIONAL"
El lehendakari ha anunciado que cuando estas revocaciones les sean comunicadas a través de un auto del Juez de Vigilancia Penitenciaria o de la Sala de la Audiencia Nacional, "desde el respeto institucional, cumpliremos lo que determinen, pues son las instancias judiciales competentes".
En todo caso, ha afirmado que un año después de haber asumido las competencias penitenciarias recogidas en el Estatuto de Autonomía de Gernika de 1978, el Gobierno Vasco apuesta por "seguir gestionando el modelo penitenciario con el mismo rigor jurídico y profesional", así como con "la misma orientación que favorezca la reinserción de las personas presas". Todo ello --según ha afirmado-- "aplicando siempre los mismos criterios para todas las personas presas".
