El partido busca abrir un "conflicto institucional" para frenar la ley
MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
Vox ha solicitado este lunes a las mesas del Senado y del Congreso de los Diputados que reclamen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informes sobre la proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE, a pesar de que esta vía legislativa elegida por el PSOE no obliga a ello, según fuentes del partido consultadas por Europa Press.
Las citadas fuentes explican que, si bien Vox es consciente de que no es obligatorio pedirlo --por tratarse de una proposición de ley--, cree que debe darse la oportunidad al órgano de gobierno de los jueces de informar sobre la amnistía por el impacto que tendrá la futura norma en el poder que la Constitución otorga a los togados para juzgar y hacer cumplir lo juzgado.
Vox sostiene que es posible pedir informe al CGPJ, aunque solo es preceptivo con los proyectos de ley, apoyándose para ello, entre otras cosas, en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que avaló la limitación de poderes de un CGPJ en funciones.
En la misma, la corte de garantías descartó que hubiera un fraude de ley por apostar por la proposición de ley --por privar a las Cortes Generales de los informes de los órganos consultivos-- pero al mismo tiempo afirmó que "nada se opone a que la Cámara pudiera considerar oportuno pedir informe al CGPJ".
El PP ya pidió a la Mesa del Senado, donde tiene mayoría absoluta, que solicite al CGPJ y al Consejo Fiscal que redacten un informe sobre la ley de amnistía al estimar que ambos órganos deben manifestarse al respecto.
"CONFLICTO INSTITUCIONAL"
Las fuentes consultadas recalcan que este paso forma parte de una estrategia más amplia que tiene como objetivo provocar un "conflicto institucional" para evitar que la amnistía se convierta en ley e impedir así lo que Vox ve como "un golpe de Estado". Se trata de pasar del discurso político a la batalla jurídica, exponen.
Para el partido, uno de los principales frentes son las Cortes Generales. Ya apeló a la Mesa del Congreso para que recabara informe de su letrado mayor y, tras ello, instó al órgano ejecutivo de la Cámara Baja a no tramitar la proposición de ley.
Idéntico movimiento ha realizado recientemente en el Senado, exhortando primero a pedir informe a su letrado mayor y exigiendo después que no se tramite el texto registrado por el Partido Socialista.
Cabe recordar que, en su informe, la Secretaría General del Congreso, que ocupa el letrado Fernando Galindo, admitió que puede haber "posibles motivos de inconstitucionalidad" en la proposición de ley pero indicó que no existe una contradicción tan "palmaria" con la Carta Magna como para impedir su tramitación.
La negativa del Senado, en caso de producirse, podría dar lugar a que bien la Cámara Alta bien el Congreso planteen un conflicto entre órganos constitucionales ante el TC, acusando a la otra cámara de arrogarse competencias que pertenecen a la que acude a la corte de garantías.
El partido de Abascal ve como precedente válido la decisión de la Cámara Baja en 2021 de no tramitar la proposición de ley de amnistía registrada entonces por los partidos independentistas, después de que los letrados del Congreso advirtieran de que era inconstitucional.
A ello, las citadas fuentes anudan que las mesas de las cámaras no son meros órganos de tramitación, sino que deben velar por el principio de legalidad, esto es, por que todos los borradores que llegan a sus manos respeten las leyes, con la Constitución en la cúspide.
No obstante, desde Vox reconocen lo arriesgado de la maniobra jurídica, ya que el control previo de constitucionalidad no está contemplado actualmente, pero defienden que el estudio sobre la admisibilidad de las iniciativas legislativas abarca el respeto a la Carta Magna.
Sobre los efectos de este conflicto entre órganos constitucionales, concretamente sobre su capacidad para paralizar el trámite parlamentario hasta que el TC resuelva, desde Vox admiten igualmente que no están claros, por cuanto se trata de algo novedoso.
En Vox también se muestran conscientes de que el PP no es partidario de este "conflicto constitucional" entre las cámaras legislativas, pero inciden en que es "la hora de las instituciones". Y, a la contra, en la formación encabezada por Abascal creen que la reforma del Reglamento del Senado solo servirá para "dilatar la agonía del pueblo español", quizá con una "estrategia electoral" de cara a los comicios europeos.
QUERELLAS EN EL SUPREMO
Otro de los frentes elegidos por Vox es el judicial. Así, el pasado 14 de noviembre presentó una querella ante el Tribunal Supremo (TS) contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ex presidente catalán Carles Puigdemont; PSOE y Junts, por la supuesta comisión de los delitos de cohecho, encubrimiento de delitos, usurpación de funciones del Poder Judicial y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
El alto tribunal ya inadmitió el pasado febrero otra querella de Vox contra Sánchez por un presunto delito de conspiración para la rebelión al considerar que "no existe base alguna, mínimamente sólida", que permita vincular al jefe del Ejecutivo con una actuación que busque provocar la ruptura de la unidad de España subvirtiendo el ordenamiento constitucional.
Pese a este primer revés, las fuentes del partido consultadas por Europa Press confían en que esta segunda querella tiene más posibilidades de prosperar porque ahora --alegan-- se ha cumplido el relato de hechos que anticipaba el texto rechazado.
Vox también ha dirigido una querella contra el letrado mayor del Congreso por presunta prevaricación al apoyar la tramitación parlamentaria de la proposición de ley, y amenaza con querellarse igualmente contra los miembros de las mesas de ambas cámaras que voten a favor de dar curso al borrador de la amnistía.
ESTRASBURGO, LA ÚLTIMA PLAZA
'A posteriori', es decir, si finalmente la amnistía se convierte en ley, Vox también planea combatirla desde los procedimientos de los que forma parte, como el 'procés' o 'Tsunami Democràtic'.
Las fuentes avanzan que, cuando los jueces y tribunales pidan opinión a las partes sobre la aplicación de la ley de amnistía a los casos que tienen entre manos, interesarán la presentación de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
No descartan tampoco la vía del TC, en este caso mediante recursos de amparo por las decisiones contrarias que obtengan en dichos procedimientos o mediante recursos de inconstitucionalidad firmados por las comunidades autónomas en las que gobiernan junto al PP.
Sin embargo, para Vox el canal preferente es Europa. En este sentido, anticipan también la posibilidad de, en última instancia, acabar recurriendo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
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