Táboas (BNG) demanda las competencias del litoral para Galicia para evitar "colisiones" entre Ejecutivo autonómico y Estado
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 May. (EUROPA PRESS) -
El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, ratificó hoy que pedirá al Gobierno central que retire el recurso de inconstitucionalidad a la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Vivienda de Galicia para que se "normalice cuanto antes" la situación de los núcleos rurales afectados por los deslindes de la Ley de Costas estatal.
No obstante, Hernández eludió contestar si la Xunta presentó alegaciones al recurso del Ejecutivo central en los 15 días previstos para este trámite, una vez que se interpone el recurso, y se limitó a confirmar que el Gobierno autonómico "no renuncia" a interponer "todas las prerrogativas que sean necesarias" para solventar esta problemática "injustificada" que se vive en esos núcleos del litoral.
Tras ser preguntado por la diputada nacionalista Teresa Táboas acerca de qué actuaciones emprenderá la Administración para regular esta situación, Hernández recordó que la Ley de Vivienda de Galicia --promovida por esta diputada, entonces conselleira-- "trató de buscar una solución" que supuestamente tenía "el visto y place" del Gobierno central. No obstante, el Ejecutivo central "presentó un recurso de inconstitucionalidad", apostilló el mandatario autonómico.
Así, Hernández recordó el compromiso del PP con los núcleos del litoral afectados y mencionó las iniciativas presentadas en 2006 y en 2008 por el grupo 'popular' para "buscar acomodo a los núcleos preexistentes en el litoral".
"Ustedes tuvieron mayoría absoluta en el Gobierno central y en la Xunta", le espetó Teresa Táboas al conselleiro durante el turno de réplica, tras lo que le preguntó en varias ocasiones si presentó o no alegaciones al recurso presentado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
RECLAMAR LAS COMPETENCIAS
Asimismo, Táboas le aseguró que el BNG "va a seguir reclamando" todas las competencias del litoral para Galicia, porque entiende que este problema se debió a una "colisión" entre los ámbitos sobre los que se puede legislar y considera que la comunidad debe contar con esa potestad en este ámbito.
El responsable autonómico aseguró que el nuevo Ejecutivo gallego "no se alejará de la postura que siempre tuvo el PP en casos como el de Marín" (uno de los más afectados por la Ley de Costas). "Por parte de la Xunta habrá la mejor de las voluntades para defender los intereses de los vecinos afectados", sentenció.
RECURSO
El Consejo de Ministros aprobó en abril interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Vivienda de Galicia, que contó con el acuerdo de las tres formaciones políticas con representación en el Parlamento gallego, y por la que se legalizaban núcleos de población situados en la franja litoral afectados por el deslinde de la Ley de Costas estatal --que estipula una zona de servidumbre de 100 metros--.
Muchos de los asentamientos afectados fueron edificados con posterioridad a 1988, pero lo que buscaba la enmienda a la Ley de Vivienda pactada por los tres grupos políticos era intentar legalizar los que sí está certificado que eran preexistentes. Este es el caso de cinco núcleos de Marín, de los que la Consellería de Política Territorial documentó que existían con la consideración de suelo urbano antes de que se promulgase la Ley de Costas estatal.
La delimitación del dominio marítimo-terrestre que acomete el Gobierno central provoca que las propiedades que se encuentran dentro de esta franja pasan a ser titularidad del Estado o pueden recibir una orden de derribo.
La disposición adicional de la Ley de Vivienda recurrida por el Gobierno central reivindica que en los deslindes del dominio público marítimo-terrestre, el límite interior de su zona de servidumbre de protección "habrá de ajustarse a la realidad urbanística preexistente reconocida expresamente por la Administración urbanística autonómica".
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