Los responsables de la compañía que medió para contratar el avión niegan la existencia de quejas
MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Defensa rechazó en septiembre pasado enviar a la Audiencia Nacional la documentación que tenía sobre el transporte de soldados españoles en misiones en el exterior que le había solicitado el juez Fernando Grande-Marlaska, que investiga el accidente del Yak-42 en el que murieron 62 militares españoles, por la "complejidad" de la petición, la "dispersión" de la información y el "previsible excesivo volumen" de la misma.
El departamento dirigido por Carme Chacón remitió el pasado 17 de septiembre un escrito al Juzgado Central de Instrucción número 3 en el q ue rechaza "la remisión de la totalidad de la documentación" del Ministerio sobre "el transporte de soldados españoles en misiones en el exterior, antes y después del accidente" del Yak, alegando que "este tipo de transporte se ha realizado de distintas maneras a lo largo del tiempo".
En su escrito, explica que la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en misiones en el exterior "comenzó en 1988" y que antes del 1 de febrero de 2002, fecha en la que los vuelos comenzaron a contratarse a través de la agencia de la OTAN Namsa, las operaciones fueron gestionadas por la Dirección General de Política de Defensa, el Ejército de Tierra e incluso "comisiones de servicio individualizadas que utilizaban vuelos comerciales".
Entre febrero de 2002 y enero de 2005, Namsa se encargó de la contratación de los vuelos, algunos de los cuales subcontrató a la compañía británica Chapman Freeborn, que a su vez encargó las operaciones a varias empresas de países del este. Ése fue el caso del Yak-42 siniestrado, que pertenecía a la compañía ucraniana UM-Air. Según Defensa, a partir de enero de 2005 el Estado Mayor de la Defensa recuperó esta competencia, que adjudica desde entonces mediante un concurso semestral.
Tras la negativa de Defensa, el pasado 29 de octubre Grande-Marlaska acotó su petición, formulada a petición de las familias de las víctimas, y volvió a solicitar a este Ministerio y al de Fomento que le entregaran la documentación sobre los 44 vuelos de las tropas españolas que contrataron a través de Namsa entre 2002 y 2003.
NO HABÍA QUEJAS
En la causa comparecieron hoy como testigos tres responsables de Champan Freeborn, que aseguraron que durante el tiempo en que permanecieron en la compañía, hasta diciembre de 2002, no tuvieron constancia de que existieran quejas sobre la seguridad o el funcionamiento de los aviones, según explicaron fuentes de la acusación particular, que representa a los familiares de los militares fallecidos.
El director charter de la intermediaria en Barajas (Madrid), Antonio Pérez, explicó que la documentación sobre la contratación de vuelos se remitía en un principio a la Dirección General de Aviación Civil, aunque después, en una fecha que no detalló anterior a diciembre de 2002, se comenzó a enviar al propio Ministerio de Defensa. En similares términos se manifestaron Silvia Sánchez y Eduardo Palomo, responsables de Operaciones en el aeropuerto de El Prat (Barcelona).
Según la acusación, entre la "documentación viciosa" que recibió el departamento que en el momento del accidente dirigía Federico Trillo se encontrarían la licencia y el certificado médico del ingeniero de vuelo del Yak-42, que se encontraban caducados; el plan de vuelo en el que figuraría el exceso de horas del avión y los papeles que acreditarían el mal estado de la caja negra.
En el accidente de Yak-42, que se produjo el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía), murieron 62 militares españoles que regresaban de una misión en Afganistán, en lo que supuso la mayor tragedia de las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz.
FINALIZAN LAS 45 COMPARENCENCIAS
Con estas declaraciones finaliza la ronda de 45 comparecencias que el juez instructor ordenó practicar después de que en enero pasado la Sala de lo Penal le obligara a reabrir la causa, en la que se encuentran imputados cinco cargos militares que ocupaban puestos de responsabilidad en el Ministerio de Defensa cuando se produjo el siniestro.
Se trata del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá; el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta; el jefe de la División de Operaciones del EMACON y del Grupo de Control del Contrato, contraalmirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo.
