SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha lamentado este viernes que el Gobierno andaluz "no actúe con celeridad" ante la petición de la magistrada del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, sobre la documentación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) sometidos a una investigación por una supuesta trama de prejubilaciones fraudulentas que habría aprovechado la incentivación autonómica. Entre estos procedimientos, en ese sentido, figuran los expedientes de regulación de empleo promovidos en 2003 y 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense.
"La Junta no está actuando con la celeridad necesaria ante hechos tan graves", ha señalado Zoido en declaraciones a los medios de comunicación, advirtiendo de que este es un extremo "claro" a cuenta del reciente auto en el que la juez Mercedes Alaya ve "a todas luces incompleta e insuficiente" la documentación remitida desde la Administración autonómica. A tal efecto, ha advertido de que, hasta el momento, los socialistas han impedido "cuatro veces en el pleno del Ayuntamiento" y tres veces en el Parlamento andaluz la creación de comisiones de investigaciones en torno a este asunto.
La juez, hasta el momento, había imputado al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, al exdirector general de la sociedad mixta Mercasevilla Fernando Mellet, al que fuera su director adjunto, Daniel Ponce, al exdelegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas y a los prejubilados del mercado central de abastos hispalense José Antonio R.M. y Antonio Garrido Santoyo, en la nueva línea de investigación promovida para esclarecer posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en torno a los expedientes de regulación de empleo impulsados en la lonja hispalense.
No obstante, en un reciente auto, la juez resuelve la acumulación de esta línea de investigación con la causa relativa a la trama de presuntas prejubilaciones fraudulentas detectada en los expedientes de regulación de empleo promovidos por 32 empresas andaluzas e incentivados por la Administración andaluza mediante una fórmula que la Policía Judicial cree irregular al haber sorteado, supuestamente, los controles y métodos de fiscalización.
