PAMPLONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
El defensor del Pueblo de Navarra, Francisco Javier Enériz, ha solicitado a la defensora del Pueblo de las Cortes Generales que estudie y, si así lo considera, sugiera la revisión del baremo y del método fijados para valorar las situaciones de dependencia de los niños menores de seis años que sufren diversos tipos de minusvalía.
Esta solicitud se ha producido tras la queja presentada en la institución por un grupo de madres de niños menores de seis años y con diversos tipos de minusvalía ante las valoraciones de las situaciones de dependencia que vienen practicándose por parte de la Agencia Navarra para la Dependencia.
Según ha expuesto el defensor en una nota, las madres muestran su disconformidad con los baremos y el modelo de aplicación para reconocer y valorar el grado de dependencia. Así, creen que los baremos, en el caso de niños de entre cero y seis años son "manifiestamente incompletos y genéricos", ya que constan de 23 preguntas o actividades y no permiten determinar la condición y grado de dependencia.
Tales preguntas, según afirman, se aplican indistintamente tanto en el caso de un niño con síndrome de down, como en el de otro que padezca parálisis cerebral, "situaciones que son visiblemente diferentes".
A todo esto añaden que la valoración de los niños se realiza en sus propios domicilios, donde se desenvuelven con mucha mayor facilidad que en otros sitios. En este sentido, argumentan, que no se ve a los niños comer, jugar en el parque, relacionarse con otros niños, irse a la cama, etc. Además, las valoraciones se realizan en aproximadamente veinte minutos, "tiempo insuficiente para constatar fielmente la real situación de estos niños", exponen.
Recibida la queja, el defensor del Pueblo de Navarra solicitó la emisión de un informe al Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte del Gobierno de Navarra. En dicho informe, el departamento respondió que, tanto el baremo que establece el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, como la propia Ley de la Dependencia de 2006, son normas estatales de aplicación en toda España y que las CCAA no tienen competencia para su modificación.
Por ello, y tras el análisis del asunto, Javier Enériz ha dado traslado de la queja y de las limitaciones normativas a la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales, María Luisa de Cava de Llano, solicitando que se estudie si el baremo y el método de valoración actualmente vigentes son adecuados para el reconocimiento y graduación de la situación de dependencia de estos niños, y, en el caso de que entienda que no lo son, proponga al Ministerio correspondiente las modificaciones necesarias para una mejor evaluación.
