El Ejecutivo foral transmite al delegado del Gobierno los "problemas" en los trámites para las solicitudes de asilo

PAMPLONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos, ha mantenido este martes un encuentro con el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, en la que le ha transmitido los "problemas" detectados en los trámites para las solicitudes de asilo.

La reunión se enmarca dentro de la ronda de encuentros que está celebrando el consejero con las administraciones implicadas en materia de inmigración. A la reunión también ha asistido la directora general de Políticas Migratorias del Gobierno foral, Patricia Ruiz de Irizar, ha informado el Ejecutivo en un comunicado.

El encuentro, según ha indicado, ha servido para abordar distintas cuestiones relacionadas con permisos de residencia o trámites que deben realizar las personas migrantes en la comunidad.

Desde el departamento han informado al delegado del Gobierno de los "problemas" que las ONG que trabajan con estas personas vienen detectando, y que se han recibido como queja o reclamación en el Gobierno de Navarra.

Así, ha expuesto el Ejecutivo, "se han analizado los problemas que estas ONG detectan en los trámites para las solicitudes de asilo y de la condición de persona refugiada, ya que los dilatados plazos en los que se están resolviendo estos trámites provocan a quienes los inician una gran inseguridad jurídica que, en algunos casos, dura más de año y medio".

Santos ha trasladado su "preocupación" por éstas cuestiones al delegado del Gobierno, quien ha asegurado que "se está trabajando para agilizar la atención a la personas migrantes".

Al término de la reunión, la directora general de Políticas Migratorias, Patricia Ruiz de Irízar, ha agradecido la "buena disposición" de José Luis Arasti, y ha destacado "los problemas que supone el actual alargamiento de plazos".

"No es humanamente asumible que se tarde más de 12 meses en dar una primera cita para iniciar los trámites, o que pasen entre 18 y 20 meses desde que una persona llega a España y la decisión sobre su petición de asilo", ha sostenido.

En este sentido, ha remarcado que "estamos hablando de personas que, durante esos 12 meses, se quedan en un limbo legal, algo que destroza cualquier proyecto vital y cualquier posibilidad de inserción laboral o de integración en nuestra sociedad". Además, ha lamentado que "una parte mayoritaria de las solicitudes de asilo se deniega".

Asimismo, se ha referido a "la situación de doble, e incluso triple, discriminación que sufren las mujeres con menores a su cargo". "Durante este tiempo en el limbo legal, estas mujeres son discriminadas por ser mujeres y por ser extranjeras; ni pueden trabajar, ni pueden recibir ningún tipo de protección, y tienen problemas a la hora de escolarizar a sus hijos", ha señalado.