PAMPLONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Delegación del Gobierno en Navarra ha destacado que más de 37.000 empleados públicos de la Comunidad foral se beneficiarán del incremento retributivo del 2% aprobado este martes por el Consejo de Ministros con efecto desde el 1 de enero de 2020.
En un comunicado, la Delegación del Gobierno ha explicado que "la subida salarial se aplica a los empleados públicos de las administraciones estatal, autonómica y local, y también al sector público empresarial, lo que representa que se van a incrementar las retribuciones de más de 2,5 millones de empleados públicos, de los que 37.474 trabajan en Navarra".
Según ha detallado, de ellos, 4.029 corresponden a la administración pública estatal; 25.008, a la administración autonómica; 7.019, a la administración local; y 1.418, a las universidades públicas, según datos a 1 de enero de 2019.
En opinión de la Delegación deL Gobierno en la Comunidad foral, "con la subida salarial aprobada por el Consejo de Ministros se reconoce la dedicación, esfuerzo y profesionalidad de quienes se dedican al servicio público". "El Gobierno cumple así el compromiso contraído con los sindicatos para mejorar sus condiciones retributivas desde el primer día de 2020", ha señalado.
En concreto, el incremento de las retribuciones para 2020 establece las siguientes previsiones: un incremento fijo del 2% de las retribuciones de los empleados públicos con efectos desde el 1 de enero; y un incremento variable, en función del crecimiento del PIB de 2019.
En el caso de la retribución variable del 1% para un crecimiento del PIB igual o superior al 2,5%, el porcentaje de retribución variable disminuirá proporcionalmente a la reducción que se produzca sobre dicho 2,5% (los porcentajes variables según el crecimiento del PIB quedan reflejados en la tabla resumen de incrementos).
Al margen de las cuantías establecidas anteriormente, se podrá autorizar un incremento de la masa salarial del 0,30%, como fondos adicionales para la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, entre otras medidas, previa negociación colectiva. El coste del Real Decreto-ley se calcula que ascenderá a 3.212 millones de euros.
