PAMPLONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -
La coalición Navarra Suma en el Ayuntamiento de Pamplona ha mostrado este lunes su "satisfacción" tras la suspensión del contrato de la planta de residuos en Imarcoain anunciada el pasado viernes por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP), y ha exigido conocer los "daños y perjuicios" que ha supuesto esta operación y su "tardía" paralización.
Así lo han dado a conocer en rueda de prensa los portavoces de Navarra Suma en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y el Consejo de la Sociedad de Servicios de la Comarca de Pamplona (SCPSA), Juan José Echeverría y María Caballero.
"Por fin el presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona va a aceptar las consecuencias de las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que declaraban nula la modificación del PSIS para la ampliación de la Ciudad del Transporte", ha afirmado Caballero, tras asegurar que esta era una petición que desde la coalición llevaban tiempo realizando.
En este sentido, ha asegurado que NA+ "en más de una ocasión" se ha mostrado "en contra de la ubicación escogida" para esta planta y que han estado advirtiendo "del despilfarro y dispendio de dinero público que esto suponía". "Además, con la preocupación de que querían seguir adelante a pesar de que tenían varios recursos en curso, siempre en una huida hacia adelante", ha añadido.
Caballero ha recordado que en el SCPSA del día 29 de marzo manifestó reiteradamente que la "continuación del contrato era ilegal y suponía un dispendio de dinero público inasumible en este momento, en el que hay otras necesidades perentorias".
En este sentido, ha reiterado que NA+ y la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pamplona, institución propietaria del 50% de la MCP, "han mantenido su oposición a esta ubicación de la nueva planta desde el principio".
Tras advertirlo en el Consejo de SCPSA y en el Parlamento, el día 30 de marzo, la coalición presentó un escrito para solicitar al presidente de la Mancomunidad adoptar "medidas para evitar el gasto inútil de los caudales públicos, dando las órdenes necesarias que conlleven la inmediata suspensión de los siguientes contratos, y la consecuente prohibición de efectuar cualquier otro abono de caudales públicos a las empresas que se relacionan". También solicitaban que les fuesen "comunicadas las inmediatas órdenes de suspensión de la ejecución de ambos contratos" y, por último, que comunicasen "los pagos efectuados desde el día 11 de enero de 2022 a las empresas mencionadas en el apartado primero y en ejecución de los contratos también referenciados".
"Más vale que Navarra Suma está mirando por el interés público, más vale que Navarra Suma presentó por escrito esta advertencia el día 30 de marzo, en vista de que no nos hacían caso, con peticiones concretas de paralización de los contratos. También pedimos que nos den información de los costes que ha tenido seguir desde que se conoció la sentencia, en enero, hasta ahora, sin haber tomado ninguna determinación", ha apuntado Caballero.
DESPILFARROS "MILLONARIOS"
Por su parte, el concejal Juanjo Echeverría ha detallado que "esta obsesión" de EH Bildu, que "ya se inició la pasada legislatura", tiene un coste de 105 millones de euros y ha supuesto un incremento de las tasas un 24% en los últimos cuatro años. Además, ha asegurado que según los propios documentos de la MCP, aumentarán un 60% en "los próximos años".
Asimismo, ha señalado el "despilfarro millonario" que ha supuesto el "empecinamiento" de la MCP en seguir con la redacción y ejecución del proyecto tras la compra del terreno a Gobierno de Navarra por 9 millones de euros, a los que se suman los 2 millones del IVA.
"Aquí el único que gana es el Gobierno de Navarra que, además, recibe mensualmente los 100.000 euros de la sanción que supone el vertido en Góngora", ha insistido.
En este sentido, Echeverría ha recordado las dos sentencias (421/2021 y 426/2021 de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra) que afirmaban que el procedimiento desarrollado había sido "completamente arbitrario, que se había ocultado la participación pública e incluso al propio Tribunal la finalidad de la modificación del PSIS, que no era otra que la instalación de la planta de residuos". Además, el plan era completamente nulo de pleno derecho.
Echeverría ha explicado que desde el grupo de Navarra Suma en la Mancomunidad van a "exigir al presidente de la MCP que dé cuenta de los daños y perjuicios causados a toda la ciudadanía de la Comarca de Pamplona, derivados de esta operación fallida".
"Esta suspensión que se va a acordar mañana, y con fecha 1 junio, va a suponer una serie de pagos a la empresa contratista y no se nos dice cuánto. Queremos saber las consecuencias de esta suspensión tardía de la contratación, cuánto está costando a la MCP llevar la suspensión hasta el 1 junio", ha reivindicado, tras adelantar que será "mucho dinero" y que los daños y perjuicios serán "muy graves".
Además, ha criticado que estas sentencias "no se pueden banalizar porque "no solo atacan la forma en la que se ha hecho este procedimiento de ampliación del PSIS", sino que entran "a valorar muy negativamente el fondo".
Echeverría ha querido matizar que Navarra Suma "no ha recurrido nada". "No pueden culpabilizarnos a Navarra Suma de que sigan vertiendo residuos sin tratar en Góngora, es responsabilidad exclusiva de la MCP y los que la dirigen. Si no cierran Góngora es porque no quieren", ha apuntado, tras considerar que si la MCP quiere hacer una planta de tratamiento de residuos "tendría que estar buscando un plan B".
"Hay alternativas, que las busquen y las encuentren", ha subrayado, tras citar como ejemplo la planta de Zubieta, en Guipúzcoa, que finalizó con un acuerdo entre "vizcaínos y guipuzcoanos", si bien la suspensión del contrato "costó 8 millones euros de penalizaciones". "No sé con quién habría que pactar, pero es responsabilidad del presidente de la MCP y su equipo", ha añadido Echeverría.
