PAMPLONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
El parlamentario de Nafarroa Bai Maiorga Ramirez mostró hoy sus "dudas" de que los Presupuestos Generales de Navarra para 2009, con un incremento del 0,34 por ciento respecto a 2008, según consta en el anteproyecto, puedan servir para "defender la justicia social y unos servicios públicos de calidad, ya que ni siquiera se actualizan al nivel del IPC, lo que conlleva un empobrecimiento de las arcas públicas".
Ramirez advirtió en un comunicado de que, "una vez descontado el IPC, los recursos destinados en los Presupuestos a Educación y Sanidad, por ejemplo, bajan".
Asimismo, se mostró "preocupado a la vista de los últimos años de gestión de la derecha, ya que hemos comprobado que precisamente no es el gasto social el que se ha fomentado, sino que se ha llevado a cabo un debilitamiento de los servicios públicos básicos para el bienestar de la ciudadanía como la Sanidad o la Educación". "Es por eso que tenemos que mostrar nuestro escepticismo ante la gestión que pueda llevar a cabo el Gobierno de Navarra en este asunto", señaló.
Por otra parte, Maiorga Ramirez se preguntó "cuál ha sido la fórmula para la reducción del 6 por ciento en gastos corrientes y, sobre todo, si era posible reducirlos, por qué no se habían ajustado en anteriores presupuestos, porque de ser así, significaría que hasta ahora se estaba derrochando ese porcentaje".
Además, el parlamentario de NaBai mostró su "más firme oposición a la supresión del Impuesto de Patrimonio" y consideró que "es inadmisible y vergonzoso que en un momento en el que se limita la recaudación pública con motivo de la crisis, sea el propio Gobierno de Navarra el que suprima un impuesto dirigido a grandes propietarios, a aquellos que mejor capacidad tienen para afrontar la crisis".
Maiorga Ramirez planteó que, "si el Gobierno de Navarra quiere recortar impuestos, lo haga para las familias más humildes, que están viendo cómo día a día pierden nivel adquisitivo, e incluso se quedan sin empleo y con altas cargas hipotecarias a las que responder". "El bienestar de nuestros ciudadanos debe ocupar el primer lugar en las prioridades de la elaboración de presupuestos, y resulta un insulto a la ciudadanía la supresión de este impuesto, ya que con los 70 millones de euros que se recaudarían podrían habilitarse importantes medidas sociales", añadió.
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