PAMPLONA, 24 May. (EUROPA PRESS) -
La Dirección General de Justicia del Gobierno de Navarra, encargada de la provisión de material para la Administración de Justicia, destinó en 2020 más de 52.000 euros a la prevención del Covid-19 entre el personal propio y de la Administración General del Estado. Así se refleja en la Memoria Anual del Servicio de Infraestructuras Judiciales, que recoge también las diferentes medidas preventivas y organizativas que se toman desde el estallido de la pandemia.
En concreto, desde la Dirección General de Justicia se destinaron 37.175 euros a la adquisición de dispensadores de gel hidroalcohólico, pantallas faciales, mascarillas higiénicas y de tela, guantes o fundas para micrófonos. Además, se adquirieron e instalaron un total de 147 mamparas, con un coste total de 15.175 euros, según ha informado el Gobierno de Navarra en un comunicado.
Fueron más de 22.000 las fundas para micrófonos que se adquirieron, 14.200 bolsas de seguridad (para depositar elementos a la entrada de los palacios de Justicia), 3.000 mascarillas higiénicas, 4.400 mascarillas de tela u 800 pantallas faciales, entre otros materiales.
Con respecto a las mamparas de protección, y de las 147 adquiridas e instaladas, 125 fueron colocadas en puestos de atención al público en juzgados, y 20 en puestos de atención al público en registros civiles y mostradores de los servicios de información.
Todas estas adquisiciones se hicieron cumpliendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y se siguieron los diferentes protocolos aprobados al respecto, que también se especifican en la Memoria Anual. Es el caso del documento de medidas preventivas, redactado en abril, con aportaciones de la Comisión Mixta de Seguimiento.
Además, se recuerda que se tomaron otras medidas organizativas para intentar reducir el grado de presencialidad en las sedes judiciales, tanto de funcionarios como de ciudadanía. Así, se procedió al cálculo de la densidad máxima de cada espacio de todos los palacios de Justicia de Navarra y del Registro Civil, y se reflejó después en planos el aforo máximo de todas las estancias.
También se fomentaron el teletrabajo y las actuaciones procesales por medios telemáticos; se redistribuyeron los puestos de trabajo y se colocaron numerosos carteles informativos y con recomendaciones sanitarias.
El Gobierno de Navarra ha destacado que los datos de contagios entre el personal "permiten hablar de una situación en la que la transmisión del Covid-19 fue controlada", por lo que desde la Dirección General de Justicia se considera que "se refrenda la eficacia de los protocolos aprobados y de las medidas que se tomaron".
En ese sentido, en los 4 primeros meses de la pandemia, la prevalencia de la infección entre el personal de la Administración de Justicia fue de la mitad de la que sufrió la población general.
En ese periodo, de marzo a junio, el número total de casos confirmados fue de 8 entre 772 personas, incluyendo magistratura, letrados, gestores, cuerpos transferidos, médicos forenses y personal de la Dirección General de Justicia, lo que supuso un 3,2% del personal; mientras que, en ese mismo periodo, según los datos del estudio de seroprevalencia del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), un 6% de la población general habría pasado la infección.
Para el director general de Justicia, Rafael Sainz de Rozas, el material adquirido "no es un gasto, sino una inversión en salud, que se ha visto complementado con medidas eficaces para prevenir la transmisión del Covid-19".
Sainz de Rozas ha destacado que "tras decretarse el estado de alarma, queríamos mantener la protección de los derechos básicos de todas las personas, y cuidar al mismo tiempo su salud y la de quienes trabajaban en los juzgados; y los datos de contagios nos hablan de que esa segunda parte la hemos logrado de manera notable".
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