Rogamos a nuestros abonados sustituyan la noticia enviada anteriormente sobre el mismo tema por la que sigue, debido a una aclaración en relación con los asistentes a la reunión y a los presupuestos.
A partir del 1 de octubre Derechos Sociales realizará la tramitación, reconocimientos, abono de cuantías y seguimiento de expedientes
PAMPLONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los representantes de los diferentes partidos navarros en la Junta de Transferencias han ratificado este lunes por unanimidad los términos del acuerdo que entrará en vigor a partir del 1 de octubre de 2022 y por el que Navarra asumirá la gestión de la prestación no contributiva del Ingreso Mínimo Vital.
Esta reunión es previa a la reunión que mantendrán el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España el próximo jueves en Pamplona, en la que se cerrará la asunción por parte de Navarra de la gestión de la prestación no contributiva del ingreso mínimo vital.
Según ha informado el Ejecutivo foral en nota de prensa, la reunión de este lunes ha contado con la presencia de los dos vicepresidentes del Gobierno Foral, Javier Remírez (por videoconferencia) y José María Aierdi, la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, y la consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maeztu, por parte del Ejecutivo foral.
Por parte de las formaciones políticas, han asistido Javier Esparza (Navarra Suma), Ramón Alzórriz (PSN), Uxue Barkos (Geroa Bai), Adolfo Araiz (EH Bildu), Mikel Buil (Podemos) y Javier Jimeno (Izquierda-Ezkerra).
Además, han participado, como parte del equipo técnico, el director general de Presidencia y Gobierno Abierto, Joseba Asiain, el director general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, Andrés Carbonero, la directora del Servicio de Convenio Económico, Maite Domínguez, y el director del Servicio de Asesoría Jurídica, Francisco Negro.
INFORME DE VALORACIÓN
El Ejecutivo ha trasladado a los representantes de los diferentes grupos políticos el informe realizado por el Gobierno de Navarra en torno a la valoración sobre la asunción por parte de Navarra de la gestión del Ingreso Mínimo Vital.
Dicho informe concluye que a la Comunidad Foral le corresponderían en 2022, tomando como referencia de un año completo, 48,35 millones de euros. Esta cifra es la resultante de aplicar el índice de imputación previsto en el Convenio Económico (1,60%) al coste estimado a nivel estatal del programa Ingreso Mínimo Vital (3.021,9 millones de euros).
Mientras tanto, en lo relativo al gasto, el informe explicita que se estima que el gasto anual pudiera estar en torno a los 41 millones de euros, teniendo en cuenta también, además de la propia prestación, que a lo largo del año puede haber nuevos reconocimientos y bajas. Conviene señalar que en el Presupuesto de gasto de Renta Garantizada de 2022 del departamento de Derechos Sociales no está incluido el coste que supondrá la gestión del Ingreso Mínimo Vital.
GESTIÓN DESDE NAVARRA
Por otro lado, desde el punto de vista de la gestión, el Ejecutivo foral ha informado de que el traspaso se va a realizar en dos fases. En una primera, hasta el mes de septiembre, los pagos los seguirá realizando la Seguridad Social si bien se procederá a un ensamblaje de los sistemas informáticos de la seguridad social con el sistema de información y gestión de prestaciones del departamento de Derechos Sociales.
Igualmente, se crearán unidades administrativas de tramitación en las áreas de servicios sociales con la finalidad de asesorar a las personas interesadas en la tramitación de la solicitud, así como a los servicios sociales de base para una progresiva adaptación integrada de tramitación entre renta garantizada e ingreso mínimo vital, facilitando así la gestión a la ciudadanía navarra.
A partir del 1 de octubre, el departamento de Derechos Sociales deberá tener los dispositivos y recursos para realizar todas las funciones que en este momento viene realizando el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) relativas a la información y orientación a particulares, tramitación de solicitudes, reconocimiento de derechos, abono de cuantías, control y seguimiento de expedientes.
De esta forma, Navarra "va a reforzar el nivel de manera importante" su nivel de protección social, "mejorando tanto la gestión de las prestaciones como la inclusión social y laboral de las familias navarras con más dificultades y/o en situación de pobreza".
