PAMPLONA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
La plataforma por una Vivienda Digna de Navarra aseguró hoy que el cambio de baremo para el acceso a una vivienda protegida "no va a solucionar el verdadero problema que sufrimos en Navarra, y que no es otro que el precio de las viviendas, tanto libres como protegidas".
Este colectivo remitió hoy una carta al defensor del Pueblo, Javier Enériz, para transmitirle su opinión sobre sus últimas declaraciones en las que pide un cambio de baremo en la adjudicación de viviendas protegidas.
La plataforma destacó que "es más importante analizar por qué cientos de adjudicatarios de la última promoción de vivienda protegida han tenido que rechazar sus viviendas, que cambiar el baremo en la adjudicación de viviendas".
La plataforma añadió al respecto que "más del 50 por ciento de las viviendas de esa última promoción de VPO eran de modalidad de precio tasado, las más caras, y se está comprobando ahora que muchos adjudicatarios ni siquiera pueden pagarlas".
Este colectivo animó al defensor del Pueblo a "actuar en otra dirección respecto al problema de la vivienda en Navarra, porque hay muchas alternativas para abordar este problema". Así, la plataforma expuso al defensor, en su carta, 38 propuestas para intentar solucionar "el verdadero problema del acceso a una vivienda digna".
CINCO PUNTOS
Entre estas propuestas, la plataforma destaca en cinco puntos los temas fundamentales que hay que abordar: la fiscalidad y las reformas hipotecarias; el ámbito de la vivienda protegida y el fomento del alquiler; la gestión del suelo y el urbanismo; la información estadística; y las reformas legislativas y jurídicas de nivel competencial.
En cuanto a la fiscalidad y a las reformas hipotecarias, la plataforma aconseja al defensor la eliminación progresiva de las desgravaciones y otras figuras fiscales o financieras que incentiven el acceso a la vivienda a través de la compra. Así, los presupuestos aplicados a estas figuras se orientarán a iniciativas que faciliten el acceso a la vivienda sin fomentar el crecimiento de precios.
Entre otras propuestas, dentro del ámbito de la fiscalidad y de las reformas hipotecarias, la plataforma propone que la ley de máximo endeudamiento en hipotecas limite tanto el porcentaje máximo del endeudamiento, un 25 por ciento del salario, como el número máximo de años de amortización de la deuda, con 20 años. Asimismo, solicita la eliminación de ayudas a propietarios y promotores y el uso de esos fondos en otras iniciativas que faciliten el acceso a la vivienda.
En el ámbito de la vivienda protegida y el fomento del alquiler, la plataforma solicita la creación de un registro único de demandantes de vivienda protegida en cada municipio por el que se adjudique la vivienda protegida de promoción pública y privada y la prohibición del sorteo como método de adjudicación y creación de baremos que den prioridad a los más necesitados.
Además este colectivo quiere que las viviendas con algún tipo de protección pública nunca dejen de serlo y las administraciones ejercerán el derecho de tanteo y retracto por obligación para las viviendas de protección oficial no sujetas a estas nuevas leyes.
Sobre la gestión del suelo y el urbanismo destacan que los patrimonios públicos de suelo no se podrán "monetarizar" nunca por parte de las administraciones, obligando a darles como destino vivienda de protección pública de la cual un 80 por ciento será en régimen de alquiler.
Además, solicitan la prohibición de los convenios urbanísticos y que se condicionen las licencias de construcción de vivienda libre al estado de los desarrollos de vivienda protegida. Asimismo desde la plataforma quieren que al menos el 50 por ciento de los nuevos desarrollos urbanísticos han de destinarse a vivienda protegida.
En cuanto a la información estadística la plataforma quiere crear una estadística de demandantes de vivienda de protección oficial y de vivienda libre, sesgando por demanda de vivienda habitual, segundas y terceras residencias, y otras categorías que muestren el grado de necesidad del o de la demandante.
Además, en esete punto, añaden la modificación de las leyes del suelo autonómicas para eliminar los resquicios legales por los cuales un ayuntamiento puede cambiar el uso de un suelo protegido por su valor medioambiental a suelo que se convierta finalmente en urbanizable.
Por último, la plataforma pide en su propuesta de las reformas legislativas y jurídicas a nivel competencial que la ley de financiación de partidos políticos asegure la absoluta transparencia y la desvinculación total con el sector inmobiliario.
Igualmente, solicitan una redefinición de las competencias del estado y las autonomías, de forma que se garantice la igualdad en el derecho a la vivienda de todos los ciudadanos y de forma que las competencias en supervisión pública del mercado inmobiliario, políticas de vivienda y políticas fiscales estén perfectamente delimitadas y coordinadas.
