MADRID, 10 Mar. (OTR/PRESS) -
El 29-M es el día elegido por los sindicatos para celebrar la sexta huelga general convocada en España. Es la primera vez que un presidente del Gobierno se tiene que enfrentar a una movilización de estas características cuando apenas lleva tres meses de mandato, lo que podría dar lugar a múltiples interpretaciones, pero la única entendible es que se trata de una huelga política. El país no está para huelgas y resulta llamativo que los mismos sindicatos que fueron tan complacientes con el Gobierno socialista, mientras se generaban tres millones de parados, ahora se nieguen a darle a los populares el mínimo respiro. La única explicación posible es que a la derecha se le niega el pan y la sal por una cuestión puramente ideológica mientras con la izquierda... se traga con ruedas de molino.
Más allá del legítimo derecho a la manifestación, que nadie pone en cuestión, es imposible valorar en estos momentos las consecuencias de la incipiente reforma laboral que ni siquiera ha empezado su tramite parlamentario y, por lo tanto, hay un amplio margen para modificarla en el periodo de enmiendas. Esta reforma laboral -la segunda que se hace en menos de dos años y con dos gobiernos diferentes- llega con un paro histórico: 5,3 millones de desempleados lo que supone el 22,85 por ciento de la población activa y aunque muchos coinciden en que por si misma no creará empleo, según el Gobierno sí puede fomentar la contratación, potencia los contratos indefinidos y busca flexibilizar las condiciones laborales de las empresas para evitar el despido a la vez que intenta luchar contra la economía sumergida. Por el contrario, para los sindicatos, que la califican de "salvaje", no solo se ha hecho a medida de los empresarios, sino que supone un gravísimo ataque a los derechos de los trabajadores e institucionaliza el despido libre con todas sus consecuencias.
El tiempo dará y quitara razones, pero tal como están las cosas la convocatoria de una huelga general puede ser una prueba de fuego para los sindicatos que en los últimos tiempos han perdido credibilidad a chorros. Son muchos los ciudadanos que se preguntan ¿Dónde estaban cuando los socialistas con su política de hechos consumados no ponía encima de la mesa las medidas estructurales necesarias para frenar la sangría de parados y por qué no levantaron su voz para impedir, por ejemplo, que se congelaran las pensiones o se bajara el sueldo a los funcionarios? No hace tanto tiempo que se veía a Cándido Méndez como el vicepresidente del Gobierno en la sombra, que apoyaba y aplaudía con su silencio cómplice todas las medidas que sugería Moncloa. La diferencia entre entonces y ahora es que, hasta hace tres meses, el inquilino de la Moncloa era socialista y ahora es popular. Es el eterno debate sobre la aplicación de la ley del embudo ancho para unos y estrecho, muy estrecho, cuando llega la derecha.
Lo que ocurre es que el Gobierno de Rajoy tiene el amplísimo apoyo de las urnas y está bendecido por la mayoría absoluta de los españoles que, con su voto, han dado también su apoyo a una determinada forma de gobernar basada en que todos debemos apretarnos el cinturón. Si alguien tiene la tentación de ganar en la calle lo que no consiguió en las urnas se equivocará gravemente, porque ni el horno está para bollos ni los ciudadanos se van a dejar confundir por el ruido ambiente. Todos tenemos que arrimar en hombro para sacar a España del agujero en el que nos han dejado los que ahora se ponen detrás de la pancarta, y aunque no guste oírlo la herencia recibida ha sido la del paro y la miseria. El 29-M será la prueba del algodón para los sindicatos porque también para ellos ¡se acabó la fiesta!.
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