MADRID, 12 Feb. (OTR/PRESS) -
No se esperaba un millón, pero sí algo más. La manifestación del domingo en Madrid -mucha, mucha gente, pero algo menos de la que cabía esperar dado el lema de la convocatoria-, no hará que Pedro Sánchez cambie de rumbo. Ni convocará elecciones "cuanto antes", ni dejará de mantener contacto con los dirigentes separatistas catalanes. A Sánchez le ha hecho mucho más daño político el video de Felipe González que la puesta en escena del rechazo de los partidos de la oposición a sus procelosos contactos con los independentistas. Los compañeros de viaje de quienes intentaron dar un golpe al Estado en octubre de 2017 proclamando unilateralmente la República catalana con la pretensión de conseguir a la "desconexión con España", tienen a Sánchez cogido por el lado de la aritmética parlamentaria.
Fueron decisivos en la votación que permitió prosperar la moción de censura que le aupó hasta la Presidencia del Gobierno y para seguir dónde está les sigue necesitando para aprobar el proyecto de Presupuestos que empieza a debatirse esta semana. Por eso le han puesto precio a sus votos. Pretenden que los fiscales cambien el signo de la acusación. Un precio que con arreglo al marco legal que emana de nuestra Constitución, ningún presidente de Gobierno podría satisfacer sin saltarse la ley. Sí incurrieron en rebelión, en sedición y malversación de caudales públicos ¡pelillos a la mar! y absolución. Es la pretensión de quienes desde el separatismo -Ester Capella, consejera de Justicia de la Generalitat- proclaman que la situación reclama más política y menos Código Penal. Afortunadamente, frente a la frivolidad política del tándem Sánchez-Calvo, se levanta como baluarte la separación de poderes que protege y tutela la independencia e imparcialidad de los jueces. De todos los jueces. Y más que nunca ahora frente a las amenazas y maniobras de intimidación de los secuaces callejeros del "procés". Vista la respuesta obtenida por la llamada de Casado, Rivera y Abascal a manifestarse contra el Gobierno que preside Pedro Sánchez, barrunto que las cosas van a seguir como están hasta conocer el resultado de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo. Hasta entonces Sánchez tiene en su mano un comodín: el silencio público de los diputados del Grupo Parlamentario del PSOE. Callan pero tiemblan ante la factura que podría pagar el partido en mayo a cuenta de la deriva a la que les empuja la política del Gobierno. Pero Sánchez va a seguir. En España, a diferencia del Reino Unido, no se dan las revueltas parlamentarias.
