MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, ha tramitado más de 1.200 quejas relativas a la Renta Básica de Emancipación y a las actuaciones de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) desde 2010, y sólo hasta mayo de este año las reclamaciones ya han superado los 550 expedientes.
Según un comunicado, la institución ha sugerido además a administraciones autonómicas y locales que inspeccionen y sancionen si es necesario a promotores y constructores de viviendas de protección (VPO) que podrían estar incurriendo en algún tipo de fraude, después de haber observado un incremento de las quejas.
Los posibles fraudes van desde exigir cantidades prohibidas en la construcción, compraventa o arrendamiento hasta arrendar VPO con rentas superiores a la máxima permitida.
En opinión de la oficina que dirige Cava de Llano, el deber legal de los poderes públicos de vigilar estas prácticas "no siempre es atendido", lo que favorece al promotor y perjudica a los beneficiarios de viviendas, quienes incluso han podido entregar cantidades a cuenta.
La oficina informa de que las administraciones argumentan en ocasiones que no pueden intervenir mientras las viviendas no estén sometidas a la legislación de viviendas protegidas; es decir, hasta la llamada calificación provisional.
Por el contrario, la oficina del Defensor del Pueblo afirma que el suelo de las zonas de que se trata está ya destinado a la construcción de VPO y que, por lo tanto, "la Administración ha de sentirse concernida prácticamente desde el inicio de la promoción inmobiliaria".
Otra preocupación de la institución es que las administraciones persigan el fraude en VPO "desde la adjudicación de viviendas a quien no tiene necesidad, hasta la ocupación por quien ha perdido su derecho o por transmisión irregular".
