Centros concertados defienden su transparencia económica

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones de titulares de centros y padres de alumnos de la escuela concertada de Madrid han asegurado ser "un ejemplo" de transparencia económica" y verse víctimas de una "campaña denostadora" por parte de los medios de comunicación, han informado en un comunicado.

Precisamente este martes, representantes de los centros concertados han dado una rueda de prensa para ofrecer una valoración sobre sus fórmulas de financiación.

Así, han querido señalar en primer lugar que la escuela privada concertada es una "opción imprescindible" para el cumplimiento de la libertad de enseñanza reconocida en el artículo 27.1 de la Constitución, y aporta a la educación madrileña "pluralidad, calidad, equidad, autonomía y optimización de recursos".

En esta línea, defienden que el régimen jurídico de los conciertos educativos, que data de 1985, "determina con nitidez los derechos y obligaciones de los titulares de estas escuelas y las familias atendidas, diseñando con claridad cuestiones como la administración del alumnado, la participación de la comunidad educativa o el régimen de precios de las actividades".

"Por ello, rechazamos las acusaciones relativas a selección de alumnado, puesto que la normativa y herramientas aplicadas en la escuela concertada coinciden con las que se ejecutan en la pública", han indicado.

Asimismo, aseguran que estos centros suponen un "ahorro para todos los contribuyentes". "Mientras la Comunidad de Madrid invierte unos 3.500 euros en el mantenimiento del puesto escolar del centro público, ese mismo Gobierno destina aproximadamente 2.900 euros a la financiación de ese mismo puesto escolar cuando se trata de un centro privado concertado", advierten.

DONACIONES VOLUNTARIAS

En el ámbito del pago de cuotas o aportación de donaciones por parte de las familias, representantes de los centros concertados indican que la normativa reguladora de los conciertos educativos "define con precisión las circunstancias en las que estas prácticas se pueden realizar".

Concretamente, señalan que desde el año 1985, la normativa de conciertos "fija los requisitos que deben cumplir los precios que se establezcan para actividades y servicios, exigiéndose en ambos casos que éstos estén autorizados por la Administración o por el consejo escolar del centro y que carezcan de ánimo de lucro pudiendo, no obstante, contribuir al mantenimiento del centro".

En cuanto a las donaciones voluntarias han asegurado que también desde ese año los centros concertados "tienen reconocida la naturaleza análoga a las fundaciones benéfico-docentes", por lo que pueden percibir donaciones o aportaciones voluntarias de las familias o de otras entidades.

"Dichas aportaciones, que suponen un ejemplo de colaboración solidaria de los padres con el sostenimiento de sus centros, suponen una práctica altamente generalizada y, hoy día, imprescindible para el mantenimiento de esta oferta educativa en unos términos de calidad", afirman y aseguran que son cantidades "perfectamente asumibles por las familias".

Los padres y los titulares de la escuela concertada reiteran la legalidad de estas donaciones, y además, quieren hacer patente su "carácter imprescindible", ya que en la actualidad, sin ellas, "es sencillamente inviable el mantenimiento de sus centros y el desarrollo cualificado de su oferta educativa".

Asimismo, insisten en que este tipo de centros son "un ejemplo de transparencia económica", ya que además "está sometida a un triple control financiero: el del consejo escolar del centro, el de la Administración educativa y la inspección; y el de las auditorías de Hacienda".

Estas organizaciones aseguran estar ante "una campaña denostadora", y han pedido a los medios "coherencia" ante las "críticas" con una escuela "vocacional y social como es la concertada".

Finalmente, han pedido a los partidos políticos que incluyan en sus programas electorales "medidas y compromisos" para mejorar la libertad y calidad del sistema educativo madrileño, para lo que es "imprescindible", aseguran, la mejora de las condiciones de "autonomía organizativa, pedagógica y económica de la escuela concertada".