MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha recordado que son las comunidades autónomas "las que tienen las competencias y la responsabilidad" para aplicar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
"Es una norma que nos va a permitir superar la etapa de recortes y restricciones económicas que han sufrido las universidades públicas en España y, al mismo tiempo, modernizar el sistema universitario al, entre otros, establecer un modelo de profesorado que permita el rejuvenecimiento y consolidación de sus plantillas", ha añadido Morant en declaraciones difundidas a los medios.
Para la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, el sistema universitario "tiene un problema generalizado de infrafinanciación, derivado de una década de recortes en la inversión pública que nos hemos propuesto revertir".
Morant ha asegurado también que "no es razonable" que España tenga una media de un 48,1% de profesorado temporal en la Universidad y, por eso, ha destacado la "necesaria implicación" de las comunidades autónomas en la adecuada financiación de sus universidades públicas.
En ese sentido, la ministra ha aclarado a las comunidades autónomas que "no es discutible y no se puede mirar a otro lado ahora que ha llegado el momento de aplicar la LOSU, porque precisamente su objetivo es terminar con los problemas de temporalidad y financiación del sistema público de universidades".
"El cambio de modelo establecido en la LOSU "supone un reto de país que vamos a liderar como Gobierno, pero en el que exigimos la responsabilidad de las Comunidades Autónomas sin excepción", ha subrayado Morant, que ha incidido en que las comunidades autónomas "deben cumplir con su responsabilidad y sufragar las plazas de profesorado ayudante doctor que necesitan cada una de sus universidades públicas".
En este esfuerzo, "que compete a las CCAA", Morant ha indicado que "van a contar con el Gobierno", ya que para apoyar la transformación del modelo del profesorado establecido en la LOSU, el Ejecutivo va a financiar 3.400 plazas, tal como recoge el Programa para la Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Públicas Españolas presentado el pasado viernes durante un encuentro que mantuvieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la propia ministra con la presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Españolas (CRUE), Eva Alcón, y representantes de su Junta Rectora.
Morant se ha referido así al rechazo que varias comunidades autónomas han manifestado a lo largo de las últimas horas sobre este Programa. "La inversión que el Gobierno de España va a destinar a la puesta en marcha de este Programa exige del correspondiente compromiso financiero de las Comunidades Autónomas para poder lograr de forma conjunta y efectiva cubrir con las necesidades que en ese sentido presenta el sistema público universitario", ha explicado.
"Este programa es una gran oportunidad para convertir las universidades públicas españolas en centros de excelencia al mejorar las condiciones de atracción del talento y lograr con ello, el rejuvenecimiento y consolidación de sus plantillas", ha afirmado.
Morant ha recordado que el programa presentado el viernes responde a la necesidad de compensar los cambios en la dedicación docente del profesorado asociado y de los nuevos profesores y profesoras ayudantes doctores, recogidos en la LOSU.
"Nosotros proponemos una solución de país y exigimos que todas las Comunidades Autónomas cumplan con su parte", ha dicho también la ministra, que ha añadido que "los gobiernos autonómicos no pueden hacer omisión de su responsabilidad".
El Programa para la Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Públicas Españolas implicará financiar con 150 millones de euros anuales por curso académico un total de 3.400 plazas de profesores ayudante doctor en las universidades públicas de nuestro país a partir del próximo curso 2024-2025 y durante los seis años de duración de esta modalidad de contrato. Esta cifra equivale al doble del número de plazas de una convocatoria ordinaria de profesorado ayudante doctor en las universidades públicas del país.
