BRUSELAS, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) Juliane Kokott ha pedido este jueves que se declare inadmisible el recurso en el que la Comisión Europea pide que se condene a España por incumplir las reglas sobre residuos en Canarias y Baleares.
Bruselas denunció al Estado ante el TUE por no haber adoptado los planes de gestión de residuos de estas dos comunidades autónomas o de no haberlos revisado dentro del plazo establecido. Las autoridades comunitarias sostenían que dichas medidas deberían adoptarse antes del 14 de septiembre de 2017, plazo que había quedado establecido en la última advertencia antes de llevar el caso a la Justicia europea.
En las conclusiones presentadas este jueves, que no son vinculantes de cara a la futura sentencia pero que suelen seguirse en la mayoría de los casos, la letrada considera que el recurso de la Comisión Europa es inadmisible.
Kokott explica que los planes de gestión de residuos debían elaborarse por primera vez antes del 12 de diciembre de 2010, por lo que el plazo de incumplimiento expiraba, como muy pronto, seis años más tarde, el 12 de diciembre de 2016.
La Comisión Europea solicitó a España información al respecto unas semanas antes, el 18 de noviembre de ese año, algo que en opinión de la Abogada General presupone que el Estado miembro ya ha incumplido sus obligaciones. Kokott añade en este sentido que Bruselas no puede reclamar información para tenerla preparada "a la espera de un futuro incumplimiento".
Además, la letrada apunta que no no es posible descartar que esa petición de información menoscabe el derecho de defensa del Estado miembro, por lo que el recurso de incumplimiento no puede basarse en un escrito fechado el 18 de noviembre de 2016.
En caso de que el TUE no comparta esta opinión, Kokott propone a los jueces europeos que en su futura sentencia declare que España ha incumplido sus obligación de revisar los planes de gestión de residuos en los seis años siguientes a la expiración del plazo de transposición, pero al mismo tiempo desestime la segunda pretensión del Ejecutivo comunitario, en la que pide que se condene a España por no informa de la revisión de dichos planes.
La Abogada General explica que España acierta al alegar que sólo debe informar a las autoridades comunitarias de las revisiones "sustanciales" de estos planes y la Comisión no ha demostrado que los cambios en el caso de Baleares y Canarias cumplan esta condición.
