MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
La plataforma 'No a nuestra costa', integrada por más de 200 organizaciones, ha vuelto a solicitar la anulación del anteproyecto que reforma la Ley de Costas, coincidiendo con el fin del plazo de alegaciones al mismo.
En su opinión, la nueva Ley de protección y uso sostenible del litoral "favorece los intereses privados en detrimento del bien público mediante la modificación del dominio público marítimo-terrestre (DPMT), la reducción de la servidumbre de protección y la ampliación del plazo de las concesiones".
En este sentido, señala que se va a "postergar el problema de la ocupación privada de la costa a generaciones futuras, ya que la ampliación de concesión de DPMT a 75 años, heredables y con la posibilidad de compraventa es regalar terrenos públicos a manos privadas".
Además, afirma que el texto "ignora totalmente los impactos previsibles del cambio climático sobre el litoral" porque, a su juicio, "desprotege grandes tramos de litoral cantábrico y atlántico al reducir de 100 a 20 metros la franja de servidumbre de protección en las rías y declarar suelo urbano zonas del frente litoral, que también reduciría la servidumbre de protección a 20 metros en estos tramos".
La plataforma también asegura que la exclusión del DPMT de diez núcleos urbanos y buena parte del litoral de Formentera, realizada "sin ningún tipo de criterio medioambiental ni científico", según indica, significa la exclusión de "ecosistemas sumamente importantes para el equilibrio de la costa, como son las marismas mediterráneas, salinas, esteros, ciertas zonas inundables y dunas que no estén en movimiento, perdiendo así la franja de 100 metros de servidumbre de protección asociada a ellos".
Asimismo, denuncia que esta reforma va a acarrear "la pérdida del dinero público invertido todos estos años en la delimitación, recuperación y conservación del DPMT que ahora se desprotege", al tiempo que va a aumentar "el gasto de dinero público en nuevos deslindes e indemnizaciones de quienes en su momento sí acataron la Ley".
Por todo ello, la plataforma 'No a nuestra costa' concluye que el texto "más que pretender conciliar el desarrollo económico con la conservación del medio ambiente, y dar una mayor seguridad jurídica, según palabras de Arias Cañete, parece encaminado a privatizar la costa, y hecho a la carta según intereses de particulares que han ido acumulando todos estos años terrenos en la costa".
