MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
El director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), José Luis Rodríguez Álvarez, ha pedido que la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y Buen Gobierno mantenga una relación "equilibrada" entre el interés publico en el acceso a la información y la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos que pueden verse afectados.
Así lo ha señalado Rodríguez ante la Comisión Constitucional del Congreso, y se ha referido en particular al derecho a la protección de datos ya que este derecho "sirve de salvaguardia de otros como el de la intimidad, honor o propia imagen", por ejemplo.
A su juicio, ni el principio de transparencia, ni el derecho de acceso a la información, tienen carácter absoluto sino que deben estar sometidos a límites y a derechos reconocidos en la Constitución, como el derecho a la protección de datos. Eso sí, indica que en muchas ocasiones el acceso a la información pública no plantea problemas desde el punto de vista del derecho a la protección de datos.
En primer lugar, explica que no hay afectación del derecho a la protección de datos cuando la información se refiere a personas jurídicas, pues éstas no son titulares del derecho que sólo ampara a personas físicas.
Después, apunta que no hay limitaciones derivadas del derecho a la protección de datos cuando se trata de informaciones relativas a personas fallecidas, dado que se está ante un derecho que se extingue con la personalidad, aunque en este caso podrían eventualmente entrar en juego otros derechos.
En tercer lugar, considera que no existe ninguna limitación cuando la información se puede proporcionar previa disociación de los datos de carácter personal, de modo que no sea posible identificar a las personas afectadas.
LA ANONIMIZACIÓN
Sobre esta fórmula, la publicación de la información previa disociación de los datos de carácter personal o 'anonimización', Rodríguez Álvarez cree que debería implementarse siempre que los datos personales no sean relevantes para satisfacer el interés público que motiva el acceso a la información.
"Cuando están en juego derechos fundamentales siempre ha de priorizarse aquellas medidas que permitan alcanzar la finalidad perseguida con el menor grado posible de afectación de los derechos", ha defendido.
Con ello, opina que la aprobación de este proyecto de ley no sólo tendrá efectos "positivos" para la transparencia sino para la protección de datos porque pondrá término a la práctica frecuente de "invocar indebidamente y sin fundamento, ni consultar a la AEPD para denegar determinadas informaciones y que ha generado con ello una "errónea" idea de que la protección de datos es un "obstáculo" para la transparencia.
UN RÉGIMEN DIFERENCIADO
No obstante, el director de la AEPD ha manifestado desconocer las razones por las que se ha establecido un régimen diferenciado según el caso. Según explica, con el enunciado de la ley se están implantando dos sistemas: uno para el acceso a documentos que contengan datos personales de terceras personas y otro para el acceso a documentos con datos personales del solicitante.
"Significa que el segundo caso se regirá por la normativa de Protección de Datos y quedaría sometido a un régimen jurídico distinto, y ello implica un procedimiento distinto, como requisitos o plazos y que la autoridad competente para resolver las reclamaciones, frente al acceso incompleto, sería la AEPD y no la de Agencia Estatal de Transparencia, que prevé la Ley", argumenta el experto.
De hecho, cree que la solución correcta sería la supresión de este apartado en la ley, de forma que se establecería un régimen único de acceso a la información, con independencia de que el solicitante sea el titular de los datos o no.
SE DEBILITA EL CONTENIDO DE LA LEY
Por parte de los grupos parlamentarios, Emilio Olabarria, diputado del PNV, teme que el número de excepciones recogidas en la ley a la hora de hacer públicos o no determinados datos sea "de tal dimensión" que al final termine por debilitarse el contenido de la transparencia y buena gobernanza de la ley.
"Nos encontramos con un juego alternativo entre la Ley Orgánica de Protección de Datos y de la Agencia de Transparencia, una perturbación con problemas de inseguridad jurídica manifiesta, que nos obliga a los legisladores a reflexionar sobre la confusión de la interpretación", ha manifestado el nacionalista vasco.
Con este debate parlamentario, el diputado del PP, Esteban González Pons, ha subrayado el inicio del trámite de la primera Ley de Transparencia de la Democracia española, un aspecto que, a su juicio, merece ser resaltado.
Al mismo tiempo, ha señalado que le gustaría que fuera una norma de todos, donde la transparencia sea el principio general y que durante el trámite parlamentario se mejore el texto, "porque es mejorable".
Irene Lozano, de UPyD, ha reclamado en primer lugar que ese acceso a la información pública llegue también a sindicatos, partidos políticos y a la Casa Real, además de que se revise la Ley de Protección de Datos frente a estas colisiones con la Ley de Transparencia. "Puede ocurrir que la Ley de Transparencia dé acceso a muchos datos que posteriormente la de Protección de datos abra un expediente", ha sentenciado.
Mientras, José Enrique Serrano, del PSOE, cree que esta ley no va a suponer el remedio absoluto a los males por los que se pronuncian los ciudadanos en la actualidad, aunque sí un buen instrumento para poner de relevancia los 35 años de convivencia democrática.
