MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha reiterado este miércoles su "frontal oposición" a los señalamientos e insultos contra periodistas que se vienen registrando desde la tribuna del Congreso de los Diputados por parte de algunos representantes políticos.
En un comunicado, recogido por Europa Press, la asociación tacha de "intolerable" que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, acuse a periodistas como Ana Rosa Quintana, Pablo Motos, Susanna Griso o Antonio García Ferreras de que 'los intereses económicos y políticos' estén detrás de 'las mentiras que vierten', porque la dirigente política "considere que las informaciones que difunden son críticas hacia su formación".
Asimismo, la asociación ha defendido que las palabras de Ione Belarra en el sentido de que 'hay que atar corto' a los que califica de 'periodistas corruptos' "no tienen cabida en una sociedad democrática". "La sociedad española cuenta con suficientes medios para actuar cuando haya indicios de que se producen casos de corrupción, sin necesidad de atentar contra la libertad de expresión", ha subrayado.
Finalmente, la APM ha advertido de que "el afán por controlar los medios de comunicación es propio de partidos con un escaso respeto por el derecho a la libertad de información recogido en el artículo 20 de la Constitución española".
Por su parte, la FAPE ha rechazado de forma categórica los señalamientos a periodistas que se han realizado de forma reiterada desde la tribuna del Congreso de los Diputados por parte de algunos representantes políticos, cuyo último caso se ha producido con la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.
La federación repudia que algunos políticos acusen a profesionales de la información "de mentir sin que haya pruebas fehacientes de ello y porque se considera que las informaciones son críticas con su formación".
En ese sentido, la FAPE respalda el comunicado de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) en el que descalifica la propuesta de Belarra de que "hay que atar corto" a los que califica de "periodistas corruptos", no tiene cabida en una sociedad democrática y se suma a sus palabras respecto a que la sociedad española cuenta con suficientes medios para actuar cuando haya indicios de que se producen casos de corrupción, sin necesidad de atentar contra la libertad de expresión.
La FAPE, en el mismo sentido, resalta la necesidad de respetar el derecho a la libertad de información recogido en el artículo 20 de la Constitución Española y aprovecha para pedir a los partidos políticos que ayuden a terminar con la crispación política que fomenta la desinformación y vulnera ese derecho a la información veraz.
Además, recuerda que existe la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo para elevar a su evaluación cualquier actuación que se considere una vulneración de los principios éticos de la profesión. En el mismo sentido, subraya la posibilidad de acudir a la vía judicial en el caso de prácticas que se consideren delictivas.
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