MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
Asociaciones de bebés robados han registrado este miércoles en el Congreso su ley estatal para la reparación de las víctimas por parte del Estado, una norma que ya comenzó su andadura parlamentaria pero que acabó decayendo ante la disolución de la Cortes tras la convocatoria de las elecciones del pasado 28 de abril. En esta nueva legislatura, estas organizaciones esperan que se pueda alcanzar el mismo consenso que obtuvo el texto en la Cámara en la anterior.
El texto, firmado por PSOE, Unidas Podemos, Compromís, JxCat, ERC, Más País, CUP, PNV y EH Bildu, recoge la creación de una Policía y Fiscalía especial para los casos de bebés robados, así como un banco de ADN, y la obligación de que se facilite el acceso a archivos de la época, incluidos los de la Iglesia, a todos los considerados como víctimas.
La representante de la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella argentina-CeAqua, una de las organizaciones impulsoras de la medida, Soledad Luque, ha señalado que el objetivo es que "se acabe con la impunidad" de quienes "cubrieron durante el franquismo y bien entrada la democracia" estos casos. Muchos de ellos, ha puntualizado Luque, miembros de la administración del Estado.
PERSPECTIVA DE GÉNERO
El diputado de IU Enrique Santiago ha recordado que esta práctica comenzó como "un sistema de represión" hacia las presas políticas o aquellas mujeres relacionadas con la República y acabó convirtiéndose en una "organización criminal" que se "lucraba" con el robo de los bebés.
Con esta norma, ha destacado Santiago, este crimen se convierte en "imprescriptible" y de "lesa humanidad", con el objetivo de que se puedan recuperar a todos los niños a los que apartaron de su familia, que aquellos que quieran puedan restaurar su identidad y para evitar que estos sucesos se vuelvan a producir.
La portavoz parlamentaria adjunta de Unidas Podemos, Sofía Castañón, ha indicado, además, la perspectiva de género que tiene esta medida, ya que esta trama practicó "violencia contra las mujeres, vulnerando sus derechos", así como los de sus hijos. En este sentido, ha pedido "responsabilidad" a la Cámara para lograr el consenso logrado en 2018.
El PSOE también ha llamado a los partidos a apoyar la ley y ha recordado que las asociaciones buscan "reparación" y "certidumbre", además de "justicia", unas peticiones que, a su juicio, son responsabilidad del Estado. Sacar adelante esta propuesta, ha señalado su diputada Susana Ros, "dignifica a la sociedad y a la democracia".
