BARCELONA, 29 Oct. (OTR/ PRESS) -
Un portavoz del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) aseguró este jueves que de las arcas municipales no ha salido dinero "de forma irregular", y que las cuentas municipales está "absolutamente controladas". Por su parte, la Fiscalía ha anunciado que no dará una cifra del dinero estafado al fisco hasta hacer un análisis de la documentación.
En unas declaraciones telefónicas, el portavoz del ayundamiento desmintió "rotundamente" que falte dinero en las arcas, ya que en ese caso el interventor, el tesorero y la secretaria "estarían en prisión". "Los presupuestos con los que trabajamos son los mismos que serían en una situación de normalidad", añadió.
No obstante, fuentes conocedoras apuntaron que, en todo caso, fondos que debería haber ingresado el Ayuntamiento "dejaron de entrar", como por ejemplo las plusvalías por la venta de terrenos.
El concejal y portavoz de ICV-EUiA en el Ayuntamiento, Siscu Sánchez, explicó que el cierre del ejercicio anterior fue positivo, aunque la empresa municipal Gramepark tuvo déficit, algo por lo que la formación había mostrado su preocupación.
Sí admitió que el endeudamiento del Consistorio pasó del 42 por ciento en 2007 al 65 por ciento este año, si bien el límite legal es de 110. Sánchez calificó este aumento de "significativo" aunque "relativamente controlado", y lo achacó en parte a los avales a Gramepark.
Sánchez confirmó que después de haber pasado por la mesa de contratación, el lunes se adjudicó un contrato a la empresa de limpieza Limasa Mediterránea, cuyo consejero delegado, Manuel Carrillo, fue detenido el pasado miércoles por su presunta implicación en la trama.
El concejal de CiU Manel Olivés aseguró que en la liquidación del presupuesto del año anterior, que se aprobó el lunes, estaba "todo correcto", pero recalcó que él había propuesto en varias ocasiones que se informara en audiencia pública de los presupuestos de Gramepark, que es la que hace toda la obra pública.
Asimismo, explicó que el 19 de octubre abandonó el consejo de administración de Gramepark, del que forma parte, porque la documentación sobre adjudicaciones no se les había facilitado con suficiente antelación, entre la que había adjudicaciones directas a Proinosa por 3 millones de euros. "Estoy convencido que todo es legal, pero no son las maneras correctas", dijo el concejal.
EL DINERO ESTAFADO
La Fiscalía Anticorrupción no ha cifrado todavía el montante total que los implicados en la trama 'Pretoria' pueden haber estafado a las arcas municipales y a Hacienda con el blanqueo de capitales. Lo hará cuando haya analizado la ingente documentación tanto en papel como digital intervenida entre el martes y el miércoles en la quincena de registros realizados en dependencias municipales, oficinas y domicilios.
Fuentes de la investigación explicaron que todavía no se pueden confirmar los 20 ó 60 millones que han aparecido publicados y que no hay que confundir el dinero procedente de los beneficios obtenidos de las promociones urbanísticas que los detenidos supuestamente desviaron hacia paraísos fiscales, aunque buena parte serían legales, con el dinero que los ayuntamientos no cobraron en forma de impuestos que debían percibir.
Precisamente, el juez Baltasar Garzón ha solicitado comisiones rogatorias a países extranjeros para solicitar información de cuentas bancarias que los implicados tenían en Andorra, Portugal y la isla de Jersey (Reino Unido).
Sin tener todavía esta documentación, Garzón "lo tiene todo atado" desde mucho antes del martes, según fuentes de la investigación, por lo que se prevé que el interrogatorio a los detenidos sea profuso y se pueda alargar incluso hasta la madrugada del sábado.
LLEGAN A MADRID LOS DETENIDOS
Los ocho detenidos en Cataluña por la trama de corrupción urbanística en Santa Coloma de Gramenet llegaron poco después de las 19.30 horas de la tarde del jueves a Madrid, concretamente a la cárcel de Soto del Real, según confirmaron a Europa Press fuentes de la investigación.
Los arrestados salieron en dos furgones de la Guardia Civil desde la Comandancia de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) poco antes de las 13 horas. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón interrogará a partir del viernes a los nueve detenidos.
Tras finalizar el plazo legal de 72 horas en que han sido interrogados por la Guardia Civil en su Comandancia de Cataluña, en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 tomará declaración a los supuestos cabecillas de la trama, entre los que se encuentran el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz (PSC); y dos ex altos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol (CiU): el ex conseller Macià Alavedra y el ex secretario general de Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta.
También comparecerán ante el juez el concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco; el responsable de servicios jurídicos de esta Alcaldía, Pasqual Vela; el ex diputado del Parlament y ex militante del PSC Luis García Sáez, y tres empresarios: el presidente de Proinosa, Josep Singla; el del grupo Espais, Lluís Casamitjana; y el consejero delegado de la empresa de limpieza Limasa Mediterránea, Manuel Carrillo.
Fuentes cercanas al caso explicaron a Europa Press que el hecho de que los detenidos respondieran a las preguntas de la Guardia Civil hará que muchas de estas cuestiones ya no sean repreguntadas por el juez, que se podrá centrar en preguntar sobre la documentación incautada.
ADJUDICACIONES IRREGULARES
La investigación, dirigida por el juez Garzón y el fiscal anticorrupción Luis Pastor, se centra en averiguar si desde el consistorio se dio trato de favor a algunas empresas adjudicándoles servicios y terrenos. Estas operaciones se habrían efectuado desde la empresa municipal Gramepark, creada en 1988 para la creación y gestión de aparcamientos y vivienda pública en el municipio.
La operación parte del denominado 'caso BBVA-Privanza', que Garzón instruyó en 2005 en relación con el blanqueo de capitales en paraísos fiscales, entre ellos la isla de Jersey. Durante ese año, su sustituto al frente de su juzgado, Fernando Grande-Marlaska, archivó parcialmente la investigación y retiró la imputación a 19 ex consejeros de esta sociedad. En el marco de esta investigación, se encontraban vinculados algunos bufetes de abogados, entre ellos el barcelonés Pretus.
Según las citadas fuentes, estos despachos habrían contribuido a invertir los capitales originados por la evasión de impuestos en proyectos inmobiliarios, para lo cual se habrían pagado sobornos y comisiones a cargos municipales a cambio de adjudicaciones de suelo a precio barato y posteriores recalificaciones.
En el reparto de funciones de la trama, Luis García habría actuado como 'cerebro' de la trama y Macià Alavedra y Lluís Prenafeta como intermediarios.
