MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró hoy que la Ley Integral contra la Violencia de Género, que cumple dos años desde su entrada en vigor, "sí está funcionando", aunque reconoció que el dato de mujeres asesinadas en 2006, un total de 68, no es "bueno".
"No es bueno el dato, no ha sido bueno este año, ni el pasado, ni el pasado --insistió--. No ha sido bueno aquí ni en ninguna parte del mundo. Tengo que decirlo, no para eludir responsabilidad, sino para constatar una realidad. En Francia, por ejemplo, tienen peores datos que España; en Suecia también".
En declaraciones a Antena 3 que recoge Europa Press, el titular de Trabajo aseguró que en su momento el Ejecutivo advirtió que sólo con la Ley no se iba a poder resolver inmediatamente este "grave problema". "Está funcionando porque las mujeres pierden el temor a denunciar y nos ayuda a convertir este asunto en un problema de todos", añadió.
Sin embargo, admitió que se trata de un fenómeno muy profundo que exige un combate desde la educación para que los niños aprendan a respectar en términos de igualdad a la mujer desde su primera."Por tanto, seguramente nos llevará tiempo --vaticinó--. Lo más importante es que todos seamos partícipes de que este es un problema generalizado y que rechacemos ese comportamiento. Creo que cada vez más hombres rechazan ese comportamiento de una minoría".
NO TEME INVASIÓN DE RUMANOS O BÚLGAROS
Por otro lado, en relación a la entrada en la UE de Rumania y Bulgaria y los temores del primer ministro italiano, Romano Prodi, de que se produzca una invasión de trabajadores hacia otros países de la UE, Caldera no teme ninguna invasión."Vamos a ver a lo largo del año cómo nuestro mercado laboral no va a sufrir alteraciones importantes, porque se da la circunstancia de que Rumania necesita mano de obra. Ellos están en un momento de desarrollo económico en el que prevén que seguramente necesitarán importar mano de obra", explicó.
En este sentido, aclaró que todos los ciudadanos de ambos países ya son legales en España, rumanos y búlgaros, aunque pesa sobre ellos una restricción en la libre circulación para trabajar, de un máximo de dos años, que será revisada el próximo año. "Si no ha habido impactos negativos podremos levantarla --indicó--. Yo no espero una avalancha, creo que la gente que tenía que salir de Rumania y Bulgaria ya ha salido y, por tanto, los flujos seguramente seguirán siendo ordinarios como han sido hasta ahora".
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