BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las cerca de 7.500 entidades sociales catalanas agrupadas en torno a la Taula del Tercer Sector han cerrado filas junto con el Gobierno de la Generalitat para insistir en la "reivindicación histórica" de que Cataluña gestione el 0,7 por ciento del IRPF que los contribuyentes deciden destinar a fines sociales al marcar la casilla correspondiente en la declaración de la renta.
En rueda de prensa, el consejero de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, ha insistido en que las últimas sentencias de Tribunal Supremo (TS) y Tribunal Constitucional (TC) son de una "claridad meridiana" y dan la razón a la Generalitat en su reivindicación histórica, por lo que ha reclamado con contundencia al Gobierno del presidente Mariano Rajoy que las acate y respete así el estado de derecho.
El consejero ha comunicado que la Generalitat trabaja en la presentación de un nuevo requerimiento y un nuevo recurso judicial que presentará cuando el Estado dé a conocer la nueva convocatoria de subvenciones si ésta no respeta las disposiciones judiciales, a la par que se ha mostrado dispuesto a dialogar para alcanzar un acuerdo en relación con la cantidad económica que debería llegar a Cataluña.
Cleries ha asegurado que Cataluña aporta el 25 por ciento del total que se recauda en España por medio de la casilla para fines sociales de la declaración de la renta, mientras que solo recibe el 14, lo que en números absolutos representa que en 2010 fueron transferidos 30 millones de euros frente a los 53 millones que habrían correspondido.
El consejero, que ha reconocido que las sentencias judiciales no especifican cantidades económicas, ha evidenciado también que Cataluña es la única comunidad autónoma que reclama la gestión de los fondos provenientes del 0,7 por ciento y ha recordado que se trata de una "reivindicación histórica" que data de 1988.
La presidenta de la Taula del Tercer Sector, Àngels Guiteras, ha coincidido en apoyar la reclamación, que ha justificado en la fuerza del tejido asociativo catalán y en que el índice de pobreza de la comunidad ha alcanzado el 20 por ciento de la población.
"RESPETO" AL AUTOGOBIERNO
Cleries ha agradecido el apoyo de las 7.500 entidades sociales catalanas --que en ocasiones dependen de federaciones estatales que no ven la problemática del mismo modo--, y ha asegurado que el Gobierno catalán en su conjunto defiende que se respeten las "competencias exclusivas" de la Generalitat reconocidas en los juzgados.
Por ello, ha considerado que estaría bien enmarcarle el fallo judicial a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y "decirle que se lo lea bien", máxime cuando ya en 2008 el pleno del Congreso de los Diputados aceptó establecer medidas para la distribución territorial del 0,7.
Cleries ha insistido en que el Gobierno del PP debe "mirarse en el espejo", ya que son los mismos que recurrieron el Estatut ante el TC y por tanto deberían acatar las sentencias del Alto Tribunal, ha aseverado.
