MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Confederación Española de Policía (CEP) defendió este jueves la "impecable intervención" de los efectivos de la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones (UCER) cuando redujeron a un senegalés que se negaba a subir a un avión en el aeropuerto madrileño de Barajas para ser llevado de regreso a su país.
En un comunicado, el CEP defendió que la actuación de los policías se produjo como consecuencia de la resistencia "activa, enérgica y violenta" que empleó el inmigrante ilegal ya que era consciente de que el plazo para ejecutar su repatriación "expiraba" aquel día, por lo que un retraso podría provocar su puesta en libertad.
A su juicio, la intervención de los agentes se ajustó de forma "estricta" a la legalidad y a los principios básicos de actuación del Cuerpo Nacional de Policía, y la calificó de "proporcionada, oportuna y congruente". En este sentido, la Confederación remarcó que los agentes ocupados de realizar este tipo de actuaciones guardan un "estricto respecto" al documento de 'Normas de Actuación en las Repatriaciones y en el Traslado de Detenidos por Vía Aérea y/o Marítima', aprobado en septiembre de 2007.
En este protocolo, indicó, se contempla que los expulsados que se resistan "podrán ser inmovilizados por medios que no pongan en peligro su dignidad e integridad física". Por ello, CEP denunció las críticas vertidas por La Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (La Ferine) quien aseguró que "la Policía usa la fuerza y la violencia para que la gente se vaya" y que "todos los días están deportando a gente en el aeropuerto de Barajas".
LA FERINE "MIENTE DE FORMA TEMERARIA"
En este sentido, la CEP consideró que La Ferine "miente de forma temeraria" porque aprovecha la grabación de una labor policial "plenamente ajustada a la legalidad" para descalificar gravemente a la Policía y al régimen que regula en España la Extranjería, y porque afirma que a los inmigrantes "se les pone bozal".
Por último, la Confederación policial recordó que tras la aprobación del citado protocolo y las sugerencias del Defensor del Pueblo, la policía ha "extremado" las garantías de todo el procedimiento que regula la expulsión de un ciudadano que resida ilegalmente en España.
