Pide regular la presencia de candidatos con discapacidad en las listas electorales por su "escasa" presencia
MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha expuesto este lunes 21 de diciembre ante la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) que 80.000 discapacitados intelectuales no han podido votar en las elecciones generales celebradas este domingo 20 de diciembre.
De este modo, ha relatado ante Enira Bronitskaya, analista legal de la OSCE, "las deficiencias del sistema electoral español en relación con el acceso y participación de las personas con discapacidad en los procesos electorales", según informa el CERMI. Bronitskaya ha visitado la sede del CERMI, donde sus representantes han enumerado las exclusiones, discriminaciones y ausencias de igualdad de oportunidades para el colectivo.
La más "grave", tal y como destaca la organización, es la privación del derecho de sufragio que sufren más de 80.000 personas que en virtud de sentencia judicial de incapacitación civil se han visto despejadas de este derecho. En este punto, se ha señalado la "inactividad del Gobierno y de las fuerzas políticas que no han modificado la Ley Electoral española para impedir esta vulneración, pese a las insistentes demandas del movimiento social de la discapacidad".
Además, afirma que también ha mostrado y documentado las dificultades que aún tienen muchas personas con discapacidad en España para ser miembros de mesas electorales, aunque nominalmente disfruten de ese derecho, "ante la negativa de la Administración electoral de proporcionarles o reconocerles apoyos o asistencias, tanto humanas como técnicas para desarrollar esta función".
Otro de los aspectos negativos relatado por el CERMI a la OSCE, es la no garantía del secreto del voto para personas ciegas y con discapacidad visual en las elecciones locales, en las que no está admitido el llamado "voto braille", como sí ocurre en las elecciones generales, autonómicas y europeas.
La discriminación por ausencia de accesibilidad del proceso electoral, tanto de los colegios como de la campaña y los canales de información y difusión, ha ido otra de las deficiencias denunciadas por el CEMI.
Finalmente, el CERMI ha mostrado su preocupación por la escasa presencia de personas con discapacidad en las candidaturas de los partidos políticos, para lo cual ha comunicado a la OSCE la necesidad de regular legalmente las medidas de acción positiva que permitan que esta parte de la ciudadanía participe efectivamente en la actividad política.
MODIFICAR LA LOREG
Más de 80.000 personas con discapacidad intelectual, que cuentan con una sentencia judicial de incapacitación, según el CERMI, se quedaron e nuevo estedomingo 20 de diciembre fuera de las elecciones porque no se les permite votar. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) sigue sin modificarse pese a la advertencia de Naciones Unidas.
En 2008, el Estado español ratificó la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que obliga a cambiar la ley electoral bajo la premisa de que "ninguna persona por razones de discapacidad puede ser privada de este derecho fundamental".
Tres años más tarde, en 2011, la ONU examinó a España para comprobar el nivel de adaptación de más de 90 normativas a la Convención y advirtió al entonces Gobierno socialista de que no había hecho los deberes en materia electoral.
En octubre de 2013, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad solicitar al Gobierno que elaborara una propuesta de reforma electoral en el plazo de seis meses. Sin embargo, dos años después, del Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha salido ningún informe al respecto.
"ANOMALÍA DE NUESTRA DEMOCRACIA"
"La Legislatura se despide sin que esa conculcación masiva de derechos humanos que permite nuestro sistema electoral se haya solventado. Es una anomalía de nuestra democracia, que la hace más débil y más deficitaria. Unas elecciones más, a miles de personas se les niega el derecho más básico de todos, el de votar, por tener una discapacidad", denuncio recientemente en declaraciones a Europa Press el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno.
Asimismo, ve "decepcionante" que la clase política, "en el peor sentido de la palabra", consienta que este estado de cosas siga, "sin mayor escándalo y sin hacer nada para subsanarlo". El CERMI avisa de que va a ser "absolutamente intransigente" y a fiscalizar "lo que se haga y lo que no se haga" para que el derecho de sufragio sea universal, que ahora "discrimina por razón de discapacidad".
DOLORS VUELVE A SER CIUDADANA
En algunos casos en lOS que se ha recurrido a la Justicia, los jueces dan la razón a este colectivo, aunque no a tiempo para votar en las pasadas elecciones, como le ha ocurrido a Dolors Torrents, una mujer con discapacidad que, después de un año y medio, ha logrado que un juez de Badalona (Barcelona) restituya este derecho fundamental, según la organización Plena Inclusión.
"Que necesite apoyo en temas económicos, no significa que no pueda tomar decisiones ni expresar mi opinión como ciudadana", señalaba la propia Dolors al tiemp que recalcaba que ha recuperado el derecho de voto y vuelve a ser "ciudadana".
Plena Inclusión, que defiende los derechos de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, desarrolla desde hace años la campaña 'Mi Voto Cuenta' (#MiVotoCuenta2015), en la que alerta y denuncia este tipo de discriminación, así como la que sufren otras personas que sí pueden votar, pero que no pueden hacerlo en igualdad de condiciones, ya que los procesos electorales y los mensajes de los partidos políticos no son accesibles para quienes tienen alguna dificultad de comprensión.
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