MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
CiU, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV y ERC solicitarán este jueves al Gobierno en el Congreso la retirada del proyecto de ley del Sistema Nacional de Protección Civil porque, a su juicio, tiene una "clara vocación centralizadora" de las competencias autonómicas, mediante la defensa de sus enmiendas de totalidad, a las que ha tenido acceso Europa Press.
El Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes de este proyecto de ley el pasado 12 de diciembre. Según defiende el Ejecutivo, esta nueva Ley pretende actualizar y ordenar el marco jurídico vigente de 1985, incorporando los nuevos instrumentos existentes, como la Unidad Militar de Emergencias, el 112 y los mecanismos nacionales e internacionales, en una materia tan sensible para los ciudadanos como es la protección civil.
"No representa un cambio sustancial en el sistema de protección civil, ni supone una mejora cualitativa del mismo, ni resulta últil para dar respuesta a las nuevas necesidades en este ámbito, ni mejora los instrumentos de coordinación entre los propios departamentos estatales que actualmente intervienen en las actuaciones para la protección civil, sino que además evidencia el nulo respeto que el actual Gobierno tiene hacia las competencias autonómicas y de los ayuntamientos", critica la Izquierda Plural.
Además, dice que esta norma concede "escasa importancia" a la protección del medio ambiente, ya que sólo se refiere a la protección a los ciudadanos, de sus bienes, "en algún caso se habla de la protección de infraestructuras críticas pero no se menciona la protección al medio ambiente".
YA ESTÁ RECONOCIDO EN LOS ESTATUTOS
A juicio de CiU, la "vulneración" de competencias resulta "especialmente significativa" en el caso de Cataluña, que tiene asumida también, a través de su Estatuto de Autonomía, la competencia exclusiva en materia de protección civil.
"Más allá de aquella protección civil que pueda ser considerada de interés estatal, la mayor efectividad en la prestación de los servicios de protección civil siempre se alcanzará desde la proximidad del territorio", defienden los nacionalistas catalanes.
Por otro lado, advierte de que el proyecto de ley prevé la creación de la Red Nacional de información sobre Protección Civil y la Red de Alerta Nacional de Protección Civil, dos nuevos instrumentos estatales que para su funcionamiento necesitan nutrirse de la información que les faciliten las comunidades autónomas, considerándose que en lugar de duplicar estructuras, la Administración General del Estado debería invertir en las que ya están creadas por las comunidades "para fortalecerlas".
ERC, por su parte, también considera que esta norma supone "una militarización de los servicios de emergencias, aumentando el ámbito de actuación de la UME. "Menosprecia a los profesionales, incluso obvia la categoría de bomberos forestales, y deja excesivamente en manos del voluntariado la protección civil", lamenta.
Según el PNV, establece un nuevo marco normativo en materia de protección civil y deroga el hasta ahora vigente que presentaba "un modelo más acorde con la estructura territorial del poder". Al mismo tiempo, recuerda que el País Vasco tiene competencias exclusivas en la materia, y critica que el proyecto de ley no arbitra mecanismos que le permitan a la comunidad autónoma participar en los organismos europeos e internacionales.
PRINCIPALES NOVEDADES DEL PROYECTO DE LEY
Según explica el Ejecutivo, la protección civil se inscribe en el concepto clásico de seguridad pública y se ha asimilado a "respuesta ante emergencias extraordinarias", para diferenciarla con más claridad de los servicios de coordinación de emergencias ordinarias o urgencias, nacidos en la década de los años 90 cuando se implantó el número telefónico europeo de emergencias 112.
Además, se regula con mayor precisión la emisión de alertas a la población y se deja abierta la posibilidad de que colaboren en estos asuntos diversas entidades que tengan entre sus fines la protección civil.
En atención a la normativa internacional, según lo establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas de 2006, el proyecto de ley introduce un precepto "transversal", por el que todas sus disposiciones y las de su desarrollo posterior se adaptarán a los acuerdos internacionales y a esta normativa.
Se amplía el marco de actuación y competencias de la Comisión Nacional de Protección Civil y se reconoce por ley que las entidades locales sean miembros de pleno derecho de este órgano, ya que hasta ahora asistían a sus reuniones, con voz pero sin voto.
Se establece la posibilidad de colaboración entre la Escuela Nacional de Protección Civil y las escuelas autonómicas en esta materia, y se desarrolla la participación y formación del voluntariado. Hay que destacar que en España hay más de 25.000 voluntarios y 2.000 agrupaciones y asociaciones dedicadas a la Protección Civil.
