MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
La reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que ultima el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad implicará que las personas dependientes con discapacidad entrarán en el copago, una aportación de la que hasta ahora estaban exentos.
Así lo ha adelantado a Europa Press el consejero valenciano, Jorge Cabré, antes de que termine la reunión del Consejo Territorial de Dependencia, en la que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, explica a las comunidades autónomas los detalles de la modificación. En este sentido, ha explicado que se fijarán los criterios para cada caso, pero "todos los ciudadanos dependientes" tendrán que aportar al sistema "dentro de sus posibilidades".
Además, para calcular la capacidad económica del usuario se tendrá en cuenta su patrimonio, "no sólo su renta", conforme ha aclarado el consejero, de modo que este precepto recogido en el borrador del Real Decreto no ha sufrido modificaciones.
Igualmente, la reforma recoge un recorte del 15% en la prestación económica que actualmente reciben las personas que se quedan en casa para cuidar de sus familiares dependientes, unas prestaciones que según la norma debían ser excepcionales y que se han generalizado.
Así lo ha avanzado la consejera de Bienestar Social de Canarias, Inés Rojas, también presente en la reunión para analizar la reforma que, según las previsiones del Gobierno, debería aprobarse este viernes en Consejo de Ministros.
Rojas ha explicado que además del citado recorte, pensado "para desincentivar los cuidados familiares", se primará a las comunidades autónomas que den prioridad a los servicios, de manera que el 90 por ciento de los fondos para la dependencia que aporte el Gobierno se repartirán entre todas las autonomías en función del número de personas atendidas y, el diez por ciento restante, será para las que más servicios (plazas residenciales, por ejemplo) mantengan.
Asimismo, ha apuntado otras medidas previstas en la reforma, como la eliminación de los niveles de gravedad (1 y 2) con los que actualmente se cataloga a los dependientes de cada grado y la ampliación a cinco años el carácter retroactivo de las prestaciones, actualmente fijado en tres. No obstante, los usuarios no tendrán derecho a recibir las ayudas que les correspondan con carácter retroactivo más allá de un plazo de dos años.
En cuanto al Real Decreto que revisará el copago, asunto que también se ha visto en la reunión, Rojas ha apuntado que "se ha mejorado" el texto inicial incluyendo aportaciones del sector de la discapacidad y ha concretado que se ha aumentado finalmente el tramo fijado del IPREM como referencia de la capacidad económica del usuario "para que las personas con menos renta no paguen tanto".
