MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Congreso celebrará este próximo martes 1 de diciembre la reunión de su Diputación Permanente, el único órgano de la institución que sigue activo tras la disolución de las Cortes, y sólo está previsto en el orden del día la convalidación del decreto ley de ayudas para reparar los daños causados por los temporales en Canarias y en el sur y este peninsular de septiembre y octubre.
Así lo confirmó esta semana el presidente de la Cámara, Jesús Posada, tras la reunión de la Mesa de la Diputación, descartando que se trataran otros asuntos de actualidad como el conflicto en Siria o en Cataluña al tratarse del periodo prelectoral. "No es el escenario para tratar asuntos políticos", zanjó al ser preguntado por los periodistas.
El citado decreto ley fue aprobado por el Consejo de Ministros a finales de octubre y, aunque ya está en vigor, la legislación establece que el Ejecutivo cuenta con 30 días para su convalidación por el Congreso.
SERÁ PRESENTADO POR UN MIEMBRO DEL GOBIERNO
Posada confirmó también que el real decreto deberá ser presentado por algún miembro del Gobierno. El objetivo de la norma es favorecer el restablecimiento de los servicios y la reparación de los daños ocasionados, mediante un régimen de ayudas específicas.
En concreto, las medidas recogidas se extienden a las personas y bienes afectados por el temporal de octubre en Canarias, así como por los temporales de septiembre y octubre en las provincias de Almería, Granada, Málaga, Sevilla, Murcia, Alicante, Valencia, Girona y Tarragona.
Además, el Gobierno ha previsto en esta norma que se podrá declarar, mediante decreto, la aplicación de las medidas previstas en este norma a otras situaciones de emergencia que hayan acaecido o puedan acaecer en cualquier comunidad autónoma, desde su entrada en vigor hasta el 9 de enero de 2016.
Por el momento el Ejecutivo no ha cuantificado la cuantía de los daños. Eso sí, señala que se han visto afectadas por las precipitaciones infraestructuras de titularidad pública estatal, como carreteras de la red secundaria y el dominio público marítimo terrestre e hidráulico; infraestructuras de titularidad municipal fundamentalmente, o la red de alcantarillado; así como viviendas, garajes e instalaciones comerciales e industriales de titularidad privada.
En cuanto a Canarias, los bienes de titularidad pública estatal corresponden a daños en los puertos de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma y Las Palmas; y en las playas de Las Palmas.
Respecto a los bienes de titularidad pública estatal del este y sur peninsular, se han producido daños en el dominio público hidráulico en las cuencas del Júcar y del Segura; y en el dominio público marítimo-terrestre en las playas de Murcia, Alicante y Girona.
Asimismo, ha habido daños en carreteras de Granada, Almería y Alicante; en los puertos de Motril y Tarragona; en los aeropuertos de Málaga y Almería; y en Renfe. Por otra parte, en cuanto a los bienes de titularidad municipal, en Almería se habrían producido daños en edificios municipales e infraestructuras viarias. También en Málaga y Granada.
AYUDAS DIRECTAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
Según precisa el Gobierno, las ayudas económicas directas previstas por el Ministerio del Interior son de dos tipos. En primer lugar, las ayudas por daños personales, por daños materiales en vivienda y enseres, en explotaciones agrarias, establecimientos industriales, mercantiles, marítimo-pesqueros, turísticos y de otros servicios.
Asimismo, están las ayudas a las personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes, y a las corporaciones locales por los gastos causados para hacer frente a estas situaciones de emergencia.
Estas ayudas se rigen por lo dispuesto en el decreto de 18 de marzo de 2005, por el que se determinaron subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, aunque se flexibilizan los requisitos exigidos en dicho Real Decreto en los siguientes sentidos.
A su vez, se amplía de uno a dos meses el plazo para presentar las solicitudes para cualquiera de estas ayudas, y se reduce de seis a tres meses el plazo de resolución. Todas estas ayudas se abonarán con cargo a los créditos dotados, con carácter de ampliables, en el vigente Presupuesto de este Ministerio (Dirección General de Protección Civil y Emergencias).
Además de las ayudas económicas directas atribuidas a la competencia del Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, el Real Decreto Ley contempla otras medidas de muy diversa índole, laboral, fiscal, que competen a otros ministerios.
