MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso ha aprobado una proposición no de ley del PSOE, con 16 votos a favor y 17 abstenciones de Cs y PP, por la que insta al Gobierno a considerar la necesidad de crear el ciclo formativo de grado superior de 'Docencia en Movilidad y Seguridad Vial' como título de formación profesional e incorporarlo a la formación reglada mediante su inclusión en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
En la última Comisión de esta materia también se ha aprobado pedir al Ejecutivo a introducir la obligatoriedad del uso de guantes para la conducción de motocicletas y ciclomotores en carretera. Según el texto, iniciativa del PSOE y que ha sido aprobada por todos los grupos excepto el PP, que se ha abstenido, para ello se pide la modificación del artículo 118 del Reglamento General de Circulación.
Asimismo, se insta a impulsar el estudio y valoración de la posibilidad de establecer una exención en el permiso de conducir D1 para que las familias numerosas con mayor número de hijos puedan conducir esta clase de vehículos sin todos los requerimientos legales establecidos, siempre que el uso del transporte se destine a uso familiar. A la iniciativa, propuesta por el PP, se ha abstenido Cs, que había presentado enmiendas.
Igualmente, se han aprobado por unanimidad dos proposiciones no de ley de Cs y de PP relativas a sillitas de retención infantil y elementos de movilidad, respectivamente.
En primer lugar se ha aprobado una PNL por la que se pide al Gobierno a impulsar los trabajos de investigación que realiza la Dirección General de Tráfico (DGT) en materia de sistemas de retención infantil, impulsar los trabajos de diseño, desarrollo y mejora técnica de sistemas de retención infantil específicos para niños con osteogénesis imperfecta, y realizar acciones y campañas de difusión y promoción del uso de estos sistemas de retención infantil, una vez que superen con éxito los niveles requeridos para su homologación.
Finalmente, se ha instado al Ejecutivo a que proceda a la regulación del uso de nuevos elementos de movilidad personal, a los efectos de garantizar la seguridad, tanto de los usuarios de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) como de los peatones, especialmente de aquellos más vulnerables.
