MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso ratificará hoy una decena de convenios que el Gobierno ha venido firmando con otros tantos países para fomentar la participación de inmigrantes en las elecciones municipales, pues hasta ahora sólo pueden votar los nacionales de países de la Unión Europea y los de Noruega.
Hace un año, el Gobierno emprendió una ofensiva diplomática con distintos países para negociar convenios bilaterales que favoreciesen la participación electoral de sus nacionales con residencia en España.
Así, en agosto de 2008 nombró un embajador en misión especial, Gonzalo de Benito, para negociar acuerdos bilaterales con una quincena de países cuya legislación permite votar a los extranjeros, dado que la Constitución, en el segundo párrafo del artículo 13, condiciona la inscripción censal de otros extranjeros a la reciprocidad --que sus países permitan votar a nuestros emigrantes en elecciones similares--.
120 PAÍSES QUEDARON FUERA
En esa relación de países figuran Colombia, Perú, Argentina, Islandia, Trinidad y Tobago, Ecuador, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Paraguay, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Uruguay, Bolivia y Venezuela. Quedaron fuera otros 120 países, algunos con importante presencia inmigrante en nuestro país como Marruecos, Brasil, México o República Dominicana, porque su legislación impide votar a los extranjeros. España les invitó en noviembre a estudiar una reforma de sus leyes pero no lo han considerado conveniente.
Las gestiones diplomáticas posibilitaron sellar once convenios y dejar cerrada la negociación de otros tres, sólo pendientes de firma. El decimoquinto, Venezuela, se ha ofrecido pero no hay respuesta ni se espera, pues se considera que la Administración Chávez que no parece tener urgencia en admitir nuevos electores en su país.
La próxima semana llegan al Pleno del Congreso, para su ratificación, diez de esos convenios: los acuerdos con Argentina y Nueva Zelanda, y los canjes de notas con Colombia, Perú, Chile, Trinidad y Tobago, Ecuador, Islandia, Cabo Verde y Paraguay. No está el de Argentina, que es el que presenta más reparos para la oposición.
El Ministerio de Asuntos Exteriores calcula que los convenios negociados afectan hoy a una población global de algo más de un millón de personas que tendrían 18 años en 2011 si bien sólo unas 650.000 podrían estar ya en condiciones de votar en esos comicios locales, pues son las que habrían cumplido la condición que pone España en los convenios, que es haber cumplido cinco años de residencia en nuestro país.
En su momento la oposición cuestionó toda esa serie de acuerdos al considerar que implican una alteración del censo electoral y que su contenido no fue consensuado previamente, pese a que la vicepresidenta María Teresa Fernández De la Vega, lo había ofrecido en su día ante el Parlamento.
CONDICIONES DISPARES PARA NUESTROS EMIGRANTES
Y es que se da la circunstancia de que, mientras que España pone la misma condición a todos los inmigrantes (esos cinco años de residencia), nuestros emigrantes quedan sujetos a distintas condiciones para votar en esos países en función de la legislación de cada uno de ellos.
En Burkina Fasso, por ejemplo, se exige estar al día del pago de impuestos; en Uruguay sólo se permite el voto a personas con familia legalmente constituida y, en caso de los extranjeros, con quince años de residencia; en Perú no se permite el voto de extranjeros en municipios fronterizos, posiblemente por temor a ser 'absorbidos' por los vecinos; y en Argentina, la legislación electoral está descentralizada y da la casualidad que hay dos provincias (La Rioja y Formosa) que prohíben votar a los extranjeros.
Precisamente por eso, PP y CIU ponen reparos al convenio con Argentina al entender que no está garantizada la reciprocidad que exige la Constitución para los españoles allí residentes.
