El departamento de Jorge Fernández Díaz confirma que "no existe" tal archivo
MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Defensora del Pueblo viene recomendando desde el mes de julio al Ministerio del Interior que ponga en marcha de forma "urgente" un registro de las citas que concede a las personas que quieren formalizar su petición de asilo para evitar que se abran expedientes sancionadores "improcedentes" y potenciales refugiados que están en lista de espera acaben siendo expulsados del país.
La primera recomendación surgió en julio de la queja presentada por una letrada cuyo defendido, un ciudadano de Costa de Marfil, pidió cita en mayo para solicitar protección internacional y le fue concedida para el 30 de septiembre. Mientras tanto, tenía que permanecer en situación irregular en España, sin prueba alguna de que intentaba acceder al sistema de asilo.
El 10 de julio fue detenido y la policía le abrió un expediente de expulsión. La letrada comunicó al Defensor del Pueblo "su preocupación por la situación y por el riesgo de que, ante la existencia de demoras generalizadas para la formalización de las solicitudes, los demandantes de protección internacional puedan ser expulsados".
No fue la única. La Defensora recibió una segunda queja en el mes de agosto de un ciudadano en la misma situación. Solicitó cita el 17 de junio y le fue otorgada para el 20 de noviembre. Una semana después de pedir la cita fue detenido y le fue incoado un expediente de expulsión, "al carecer de cualquier documento que le idenfique como solicitante de asilo" porque aún no había podido presentar la petición.
Estos dos potenciales refugiados expresaban su preocupación por la posibilidad de ser expulsados, ya que, como recuerda la Alta Institución, "en muchos supuestos, las expulsiones se producen de manera rápida al depender en múltiples casos de las facilidades de readmisión por parte del país de origen de los interesados".
"RIESGO DE EXPULSIÓN RÁPIDA"
"La demora en obtención de la cita para formalizar la solicitud de protección junto a la imposibilidad del extranjero de acreditar su solicitud, dado que en muchos casos la ha obtenido por teléfono, origina que pueda ser conducido a dependencias policiales y ante su situación de irregularidad administrativa se le incoe un expediente de expulsión, como ha ocurrido, con el riesgo de que esta se materialice de manera rápida y con ello se ponga en riesgo la integridad física y psíquica del solicitante", advierte la Institución.
En ambos casos, la Defensora del Pueblo se dirigió a la Comisaría de Extranjería y Fronteras solicitando el archivo de los expedientes de expulsión una vez se comprobase que estas personas tenían cita para solicitar asilo, pero conforme la documentación consultada por Europa Press, aún no ha recibido respuesta.
Además, emitió una doble petición tanto a la citada Comisaría como a la Dirección General de Política Interior exponiendo que para "garantizar la protección de los solicitantes de asilo y el principio de no devolución, debería grabarse en un Registro Policial con carácter inmediato todas aquellas citas que se otorguen para la formalización de demandas de protección internacional".
A la Dirección General, le instó "adoptar las medidas que procedan para que se habilite, de manera urgente, en coordinación con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, un sistema de grabación inmediata en los registros policiales de todas las citas" que se concedan para pedir protección internacional.
Asimismo, recomendó "impartir instrucciones para que los funcionarios policiales realicen consultas a estos registros, con la finalidad de evitar la incoación de expedientes sancionadores improcedentes y el riesgo de ejecutar expulsiones o devoluciones de personas que se encuentren en necesidad de protección internacional, vulnerando el principio de no devolución".
Respecto al escrito girado a la Comisaría de Extranjería y Fronteras, la Defensora solicitaba tanto el archivo de los expedientes sancionadores a las personas con cita para pedir asilo como la adopción de "las medidas que procedan para que se habilite, de manera urgente" ese sistema de "grabación inmediata en los registros policiales de todas las citas que se otorguen". Tampoco consta que haya recibido respuesta.
Según han informado a Europa Press en fuentes del Ministerio del Interior, "no existe" un registro de las citas que se conceden para formalizar la solicitud de asilo, entre otros motivos, porque la petición de cita se cursa "en muchos sitios distintos", ya sea en cualquier comisaría de Policía Nacional, en un Centro de Internamiento o de Estancia Temporal o incluso por teléfono.
"SITUACIÓN DE EXTREMA VULNERABILIDAD"
En España, sólo la formalización de la petición de protección internacional da acceso al sistema de protección que recoge la Ley de Asilo: desde el permiso de residencia y los derechos que de él se derivan, como reagrupar a la familia o tener tarjeta sanitaria, hasta la plaza en un centro especializado, pasando por una serie de recursos de apoyo psicosocial y de integración.
Por eso, la Alta Institución advierte en su escrito de que "las personas que padecen la demora en la formalización de su solicitud de asilo están en una situación de extrema vulnerabilidad, al no haber presentado su solicitud y, en consecuencia, no estar protegidos".
Además, la inexistencia de este registro tiene impacto en la gestión del sistema, como viene advirtiendo el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ya que no es posible saber cuántos potenciales refugiados están en territorio nacional y proyectar una respuesta en consecuencia.
A falta de datos oficiales, las ONG calculan que debe haber "cientos" de solicitantes de asilo pendientes de formalizar la petición, habida cuenta de que en lugares como Madrid el plazo medio de espera para una cita es de cinco meses y considerando, con datos del Defensor del Pueblo, que en septiembre se habían formalizado ya 8.200 solicitudes.
