MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Defensora del Pueblo considera "preocupante" el número de conductores que piensan que sus derechos no son respetados por las administraciones con competencias en Tráfico cuando imponen multas y ha recordado en su último informe que ni "los objetivos finales de la actual normativa de seguridad vial" ni el hecho de que las competencias estén distribuidas entre la DGT, las autonomías y los ayuntamientos "deben mermar, en modo alguno, las garantías de ciudadano en el procedimiento sancionador".
"Resulta preocupante la percepción de una inmensa mayoría de ciudadanos que se dirigen a esta Institución para manifestar que en el procedimiento administrativo se conculcan sistemáticamente sus derechos, y que sólo en la vía contencioso-administrativa tienen las garantías suficientes para obtener una justa resolución", señala la institución que dirige María Luisa Cava de Llano en su informe anual registrado este miércoles en el Congreso de los Diputados.
Cava de Llano subraya que "muchas" de las personas que se han dirigido a la oficina del Defensor del Pueblo señalan que, "dada la cuantía económica de las sanciones, no les compensa plantear un recurso contencioso-administrativo y muestran su resignación a abonar la sanción, a pesar de su pleno convencimiento de que la Administración ha abusado de su superioridad, conocedora de este hecho".
La Defensora del Pueblo lamenta el elevado número de personas que piensan así y lo achaca a los "dos planteamientos radicalmente opuestos" que conviven en la sociedad española en materia de Tráfico: "el que justifica la imposición de duras sanciones que contribuyan a la formación de conciencia ciudadana en el respeto solidario a las normas, apelando a la responsabilidad, que viene siendo el discurso propio de la Administración", por un lado; y el de "la mayoría de los ciudadanos que percibe las severas sanciones económicas como la consecuencia de la voracidad recaudatoria de la Administración".
Cava de Llano reconoce que "conciliar ambos planteamientos no es tarea sencilla", y más teniendo en cuenta "la diversidad de administraciones públicas con competencias en la materia", así como el carácter "masivo" de los procedimientos sancionadores en materia de tráfico, que se estiman en 15 millones de procedimientos sancionadores al año, pero subraya que las autoridades deben respetar "las garantías del ciudadano en el procedimiento sancionador".
RECOMENDACIONES DE MEJORA
En este sentido, la Defensora del Pueblo destaca en su informe que las autoridades con competencias en Tráfico "con frecuencia" deniegan las pruebas propuestas por los presuntos infractores en caso de multa "sin el mínimo argumento que justifique tal decisión" y recuerda que "es una obligación de las administraciones sancionadoras facilitar al ciudadano el acceso al expediente sancionador".
Asimismo, subraya que las administraciones con competencia en Tráfico deben ofrecer "toda la información relativa al procedimiento sancionador, admitir las pruebas propuestas que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados, así como resolver los recursos contestando a las alegaciones presentadas y no con una resolución de modelo, válida para cualquier expediente sancionador".
Además, recomienda específicamente a la Dirección General de Tráfico (DGT) que, en aquellos expedientes sancionadores por incumplir la obligación de identificar al conductor, remita una copia de la documentación que acredite la regularidad de la notificación del requerimiento de identificación a los interesados que en su escrito de alegaciones lo pidan o pongan de manifiesto su desconocimiento de dicho requerimiento.
Igualmente, aconseja a la DGT que, en caso de multas de tráfico captadas por radares, aporte al expediente sancionador la documentación acreditativa del "perfecto funcionamiento del cinemómetro, incluso cuando no lo hubiere solicitado el ciudadano".
Esta recomendación viene a cuento de una reclamación presentada por un conductor que se quejó ante la Defensora del Pueblo de que la DGT le había multado basándose en la medición de velocidad de un radar cuyo funcionamiento no había sido revisado adecuadamente. A raíz de la queja ante la oficina de la Defensora del Pueblo, Tráfico revisó la expediente sancionador.
En general, la Defensora del Pueblo señala que "la drástica reducción de la mortalidad vial que reflejan las estadísticas demuestra" que España está "en el camino correcto, avanzando en políticas de seguridad vial que, sin tener que renunciar a los objetivos fijados, configuren un régimen sancionador garante de los derechos de los presuntos infractores".
