Dependencia.- Trabajo y CC.AA. discuten el reparto de competencias para garantizar la equidad en la atención

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y representantes de las comunidades autónomas mantienen abiertas las conversaciones sobre la futura Ley de la Dependencia, con el fin de equilibrar las competencias en la gestión entre el Estado y las administraciones autonómicas, con el fin de garantizar la equidad en la atención en el conjunto del territorio nacional, informaron hoy a Europa Press en fuentes de este departamento.

El Gobierno tiene previsto aprobar enviar el proyecto de Ley a las Cortes para su tramitación parlamentaria a mediados del próximo mes. Según las mismas fuentes, las negociaciones con las autonomías "van bien", aunque reconocen que "es complicado" realizar el 'encaje' de las competencias en el texto articulado.

La Constitución Española establece que la gestión en materia de servicios sociales es competencia de las comunidades, pero al mismo tiempo, en su artículo 149.1, establece que el Estado tiene "competencia exclusiva" para la regulación de las condiciones básicas "que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales".

La prioridad del Ministerio de Trabajo es impulsar "un sistema viable", de acuerdo con las previsiones presupuestarias (12.600 millones de euros, entre 2007 y 2015). A partir de ahí, las mismas fuentes advierten a las comunidades autónomas de que "deben priorizar". En cualquier caso, Trabajo asegura que el Gobierno va a garantizar la cobertura a estas personas.

CONVERSACIONES CON IU-ICV Y ERC

Al mismo tiempo, el ministerio mantiene contactos con las fuerzas políticas, principalmente con ERC e Izquierda Verde (IU-ICV), socios prioritarios del Gobierno. La portavoz en esta materia de Izquierda Verde, Carme García, informó a Europa Press que la próxima semana se celebrará una sesión con expertos constitucionalistas en la que se debatirá precisamente el aspecto competencial.

Según indicó, Trabajo ha constituido con estas formaciones y el PSOE una mesa técnica para discutir las líneas del proyecto de Ley, antes de que el Gobierno lo remita al Congreso de los Diputados. ERC e e Izquierda Verde (IU-ICV) darán previsiblemente su respaldo al texto, pero reclaman al Gobierno que reduzca los niveles de copago y amplíe la financiación del Estado, en el marco del futuro Sistema Nacional de la Dependencia.

Además, tienen dudas respecto al reparto de competencias (ERC y la propia Generalitat de Cataluña cuentan con informes jurídicos que avalan un posible recurso de inconstitucionalidad contra la norma), dado que podría "solaparse" con otras normas autonómicas, como la regulación sobre servicios sociales del Parlament catalán. En este sentido, la próxima semana estudiarán el texto con expertos constitucionalistas.

UNA LEY DE LA IZQUIERDA

Trabajo considera que la futura Ley será "un proyecto de la izquierda" y así se lo ha trasladado a sus socios parlamentarios. No obstante, estos esperan "verse reconocidos" en el proyecto de Ley.

La portavoz de Izquierda Verde avisa que el modelo que propone el Gobierno no es el de su formación política ya que, tal y como está redactado el actual borrador, no queda garantizada la creación de un nuevo derecho subjetivo ni la atención universal y, por tanto, no cree que suponga el "cuarto pilar del Estado del Bienestar".

Izquierda Verde también acepta el copago, pero cree que debe quedar limitado a aquellas personas que opten a residencias o centros de día, dado que esta atención es más cara al contener elementos de hostelería. Sin embargo, rechaza que el usuario deba realizar una aportación en el caso de la teleasistencia o la atención domiciliaria.