Entesa defenderá en el Senado la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha registrado en el Senado para su debate una proposición de Ley de Libertad Ideológica, Religiosa y de Culto que denuncia los Acuerdos con la Santa Sede y deroga los de cooperación con musulmanes, judíos y evangélicos.

Así, en su disposición transitoria primera, la Proposición de Ley recoge que en el plazo de los dos meses posteriores a la entrada en vigor de la misma, el Gobierno iniciará los trámites para la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede relativos a nombramientos, asuntos jurídicos, económicos, de enseñanza y asuntos culturales y sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas.

Además, en la disposición derogatoria segunda, expone que con esta ley quedan derogadas las leyes por las que se aprueban los Acuerdos de Cooperación del Estado español con la Federación de Entidades Evangélicas de España, con la Federación de Comunidades Judías de España y con la Comisión Islámica de España.

Entre los artículos de la Proposición de Ley, el número 2 establece que "ningún menor será obligado a instruirse en una religión o en un sistema de convicciones atendiendo al principio de capacidad progresiva del menor", mientras que en la Ley de 1980 se recoge el derecho de toda persona a "elegir para sí, y para los menores no emancipados e incapacitados, bajo su dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

Asimismo, la Ley de Libertad Religiosa de 1980 establece que el Estado, "teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad española, establecerá, en su caso, Acuerdos o Convenios de cooperación con las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas en el Registro que por su ámbito y número de creyentes hayan alcanzado notorio arraigo en España".

Mientras, en la Proposición de Ley de Entesa desaparece este punto y en su lugar, establece que "los poderes públicos mantendrán relaciones de cooperación con las organizaciones pertenecientes a los ámbitos de pensamiento, conciencia y religión recogidas bajo esta ley cuando las finalidades de las mismas puedan ser de interés público".

Además, añade que "el Estado no subvenciona a asociaciones religiosas ni a entidades vinculadas a comunidades religiosas, que deberán ser financiadas mediante sus propios recursos" aunque precisa que el Estado "podrá subvencionar aquellas actividades de asociaciones o entidades religiosas que se consideren de interés público".

Por otro lado, el artículo 5 de la Proposición de Ley, referido a los representantes públicos y la administración pública, establece que estos actuarán siguiendo "un código de conducta que se derive del principio de aconfesionalidad del Estado" y subraya que, durante la celebración de actos públicos, los representantes de comunidades religiosas serán considerados "al mismo nivel" que otras expresiones de la sociedad civil, sin otorgárseles "una posición de preeminencia institucional".