MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las Escuelas Católicas (FERE-CECA y EyG) han alertado este lunes de que las medidas de recorte aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy dejan a los centros concertados "en riesgo de quiebra económica" y ha denunciado que a la concertada que se le recorte en similar proporción que a la pública cuando ésta ahorra al Estado cerca de 4.000 millones de euros anuales.
En un comunicado, han indicado que 900.000 trabajadores de los centros concertados de Escuelas Católicas se han visto afectados por una rebaja acumulada mínima del 10% desde el año 2011. "Resulta injustificable que esta reducción quede consolidada a través del módulo de conciertos estatal sin ninguna cautela temporal, ni compensaciones futuras, en contraste con lo establecido en la función pública para cuyos funcionarios sí se contemplan dichas compensaciones y se limita en el tiempo la supresión de la Paga Extraordinaria de Navidad", han apostillado además.
Asimismo, han recordado que la reducción del 1,5 por ciento en concepto de otros gastos supone que en el período 2008-2012 la pérdida de poder adquisitivo de dicha partida alcance el 8,6 por ciento, lo que unido a la modificación del IVA en la prestación de suministros básicos como luz, teléfono o gas "pone en situación de riesgo de quiebra económica a los colegios concertados, sin tener en cuenta que el concierto, por ley, debe garantizar la gratuidad de la impartición de la enseñanza".
En la misma línea, las Escualas Católicas han recalcado que es "claramente desproporcionado" que a la concertada que se le recorte en similar proporción que a la pública cuando el gasto por alumno es aproximadamente un 50 por ciento inferior y la concertada ya le supone al Estado un ahorro cercano a los 4.000 millones de euros anuales.
"La escuela concertada no pretende eludir su responsabilidad en estos momentos de crisis pero estos recortes exceden con mucho lo razonable para un sector ya de por sí ajustado, cuando además en algunas comunidades autónomas los centros padecen impagos prolongados en el tiempo por parte la Administración", han argumentado.
Igualmente, han lamentado que los recortes "ignoren" el derecho a la negociación colectiva de un sector "que fija las tablas salariales (en vigor desde 2008) teniendo en cuenta los módulos económicos establecidos anualmente en las leyes de presupuestos, lo que puede aumentar la conflictividad social en los centros educativos".
Finalmente, han denunciado que la falta de diálogo y negociación previa a la hora de llevar a cabo los recortes "pone en riesgo la credibilidad del Gobierno y la posibilidad de acometer una reforma educativa consensuada y duradera".
