Registran en el Congreso una batería de enmiendas a la Ley de Familias por para que las adopten los grupos parlamentarios
MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
La plataforma feminista 'Familias Diversas, Iguales Derechos' ha registrado este miércoles en el Congreso una batería de enmiendas a la Ley de Familias, que el Gobierno ha remitido a la Cámara Baja con la misma redacción que Ione Belarra impulsó en la pasada legislatura como ministra de Derechos Sociales, y exigen incluir en el texto a las familias homomarentales (formadas por dos mujeres), así como los "mismos derechos" para parejas de hecho que para las casadas.
"Este proyecto de Ley, aunque es un avance importante en el derecho de familia, lo vemos totalmente insuficiente para conjugar la realidad social y sus necesidades", ha dicho en rueda de prensa a las puertas de la Cámara Baja Elena De León, representante de la plataforma 'Familias Diversas, Iguales Derechos', antes de presentar su propuesta de enmiendas a los grupos parlamentarios.
En concreto, De León ha explicado que sus propuestas fundamentales son que "a las parejas de hecho se les reconozcan los mismos derechos civiles, sociales, laborales y fiscales que se les reconoce a los matrimonios, porque no son uniones de segunda categoría".
Además, ha añadido que existe desigualdad de trato y derechos entre comunidades autónomas, pues en las que tienen Derecho Civil foral (País Vasco, Cataluña, Baleares, Galicia, Navarra, Aragón y Comunidad Valenciana) las parejas de hecho tienen "tienen casi todos los derechos equiparados al matrimonio, mientras las que no tienen Derecho foral no tienen derechos civiles ni de ningún tipo".
Por otro lado, la portavoz considera que "se ha dejado abandonadas" a las familias monoparentales/monomarentales, con un solo hijo, "a no ser que ese hijo tenga discapacidad" sea discapacitado. Por ello, reclaman "el mismo trato" para todas estas familias y "con la misma acción protectora", así como medidas específicas y ampliadas de conciliación de la vida familiar y laboral.
Asimismo, De León ha destacado la "invisibilidad" de las familias homomarentales (dos mujeres) en la ley, la "falta" de reconocimiento de la "doble maternidad", es decir, la madre biológica y la madre genética. Tampoco aprueban el cambio del concepto de 'familia numerosa' que pasa a considerarse familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza. "Familia con mayores necesidades de crianza puede ser cualquier modelo de familia en un momento dado. No vemos que haya que cambiar el nombre porque nos parece caprichoso", ha subrayado.
PROHIBIR LA GESTACIÓN SUBROGADA
Exigen, además, la prohibición expresa en el Código Civil o en el Código Penal de la gestación subrogada, "una práctica totalmente ilegal" en España. "El niño tiene que estar protegido", ha aseverado, al tiempo que ha recalcado se esta práctica constituye "una explotación reproductiva" de la mujer.
Consuelo Abril, abogada de Familia y representante de la Asociación de Mujeres por la Paz, ha argumentado que las uniones de hecho en España están "adelantando" a las matrimoniales. "Si pretendemos que haya una Ley de Familias que represente, recoja y proteja a todas las unidades familiares que hay, no cabe la menor duda que es imprescindible que esas uniones de hecho sean equiparables totalmente, en todos los aspectos, a las uniones matrimoniales", ha enfatizado.
Abril ha recordado que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, dijo recientemente "que iba a hacer lo posible porque esto fuera así". "Esto no es hacer lo posible, porque si no, esta ley no va a servir para nada", ha advertido, para después defender la protección de las familias monoparentales, con un solo hijo.
"Tienen el mismo derecho que cualquier otro hijo nacido dentro del matrimonio. Es decir, si ellos tienen la posibilidad de que sus padres, sus progenitores, les cuiden durante un tiempo determinado, es lógico que esa madre, que está sola, pueda tener el doble", ha resaltado Consuelo Abril.
LA LEY: "UNA OPORTUNIDAD PERDIDA"
Para Marta Cárdaba, trabajadora social y miembro de la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad (COMPI), esta ley es "una oportunidad perdida", que esperan que "mejore" en el proceso de enmiendas mejore. En concreto, cree que "habría sido deseable" que fuera "un paso más allá en compromisos".
"El problema es que no garantiza nada. Entonces, no garantiza nada ni establece nada. No establece plazos concretos para llevar adelante las medidas y, sin embargo, sí que hay una disposición adicional primera que dice que todas las medidas que contiene la ley estarán sujetas a disposición presupuestaria de las administraciones públicas", ha manifestado, al tiempo que ha añadido que esto es "convertir toda la ley en una declaración de intenciones".
Marta Cárdaba ha detallado que la plataforma reclama que los servicios complementarios a educación Infantil y Primaria (transporte escolar, libros o comedor) sean "integrados dentro del sistema educativo" y "no tener que andar con cuestiones de becas, que siempre significa que hay una diferencia entre los niños y niñas de hogares con mayores dificultades y el resto". "Esto tendría que ser un derecho universal de infancia", ha defendido.
Helena Rábade es abogada y exmagistrada, miembro del Partido Feminista de España. "Queremos que se cumpla el artículo 24 de la Constitución, que garantiza la igualdad para todas las personas. Con ello, queremos que se cumpla la igualdad para todas las madres, independientemente del tipo de unión o de relación que hayan formulado con sus parejas. Y con ello se asegura también la igualdad para los menores", ha afirmado.
La plataforma feminista 'Familias Diversas, Iguales Derechos' también se opone al "imperativo" que imposibilita la libertad de distribución del permiso por nacimiento o adopción tras el descanso obligado de la madre después del parto; denuncia la "falta de abordaje integral" de planificación familiar; la falta de garantía de acceso gratuito a tratamientos de reproducción asistida; así como exigen el requisito de mayoría de edad para acceder a la terapia hormonal cruzada e intervenciones de cirugía de reasignación sexual (CRS).
La organización espera poder mantener reuniones tanto con el titular de la cartera de Derechos Sociales, como con los representantes de los distintos grupos parlamentarios para poder plantearles y abordar sus reclamaciones y propuestas.
