SEVILLA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Federación Andaluza de Colegios Católicos (FERE) ha solicitado a la Agencia Española de Protección de Datos un informe sobre cómo actuar ante el programa Séneca de la Junta, en el que los centros educativos deben registrar los nombres y apellidos de los alumnos con problemas de violencia escolar, ya que, a su juicio, "no cubre los requisitos jurídicos mínimos" impuestos por la Ley Orgánica de Protección de Datos.
En una circular interna remitida a los centros concertados andaluces, a la que ha tenido acceso Europa Press, el secretario general de la FERE, José María Rodríguez, les informa de que ante esta negativa de inscribir tales datos, algunos inspectores han reaccionado con la incoación de un expediente sancionador "con los consabidos perjuicios que dichas actuaciones conllevan para el correcto funcionamiento de nuestros centros y la adecuada relación con la administración educativa".
"No obstante, hemos de confirmaros en que nuestra actuación es la correcta hasta tanto no se clarifiquen algunos aspectos de orden jurídico y técnico que estamos tratando con las instancias competentes", añadió Rodríguez, quien subrayó que dicha negativa "no está basada, como pretenden algunos, en el ocultamiento de dichos datos a la administración educativa".
Asimismo, el secretario general de la FERE insistió en que su organización siempre ha recomendado la colaboración con la inspección educativa en materia de convivencia, "pero no podemos caer en el error de facilitar datos de carácter personal tan relevantes como los que nos solicita la administración en este caso sin contar con el previo consentimiento de los interesados".
Rodríguez tranquilizó a los centros y les confirmó que su organización está actuando "correctamente" y con "completo conocimiento" de los organismos y administraciones competentes en la materia por lo que, según dijo, espera que, "a la mayor brevedad", se resuelvan y clarifiquen estas cuestiones de cara a la mejor colaboración con la administración educativa y la mejor defensa de nuestros derechos.
La consejera de Educación, Teresa Jiménez, aseguró recientemente que a los centros educativos que oculten las informaciones sobre casos de violencia escolar en sus instalaciones se les abrirá un expediente, haciendo así alusión a una primera circular que la FERE envió a los centros concertados de Sevilla instándoles a eludir el control de la Junta sobre los casos de violencia escolar.
