MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno cifra en un total de 207.447 euros el impacto presupuestario de la reforma del sistema de carné de conducir por puntos, elaborada por el Ministerio del Interior.
Así consta en la memoria de impacto económico que acompaña el proyecto de ley aprobado el 16 de marzo por el Consejo de Ministros, que ha sido remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria y aprobación definitiva.
Según el documento, que recoge Europa Press, teniendo en cuenta que la adaptación de los sistemas de información del permiso por puntos tendrá un coste de 72.019 euros, que el desarrollo necesario para la creación del nuevo sistema de acceso de las empresas de transporte a la situación de la persona conductora implicará un coste de 92.928 euros y que la no sujeción al pago de una tasa por el acceso telemático a la información relativa al permiso o licencia de la persona conductora profesional implicará una reducción de ingresos de 42.500 euros, el impacto presupuestario total se valora en 207.447 euros.
Asimismo, indica que este coste derivado de la implementación del proyecto de ley no se traducirá en una solicitud de recursos adicionales por parte del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, de modo que no afecta a los presupuestos de comunidades autónomas o ayuntamientos.
El proyecto de ley modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en el sentido de agravar las sanciones previstas para aquellos comportamientos que generan mayor riesgo para la conducción, como el uso del teléfono móvil al volante, e impulsar el mecanismo de los cursos de conducción segura como fórmula para mejorar la educación vial de los conductores.
Esta reforma ya fue aprobada en primera vuelta por el Consejo de Ministros el pasado 10 de noviembre. Desde entonces, ha obtenido los informes favorables de los ministerios de Hacienda, Asuntos Económicos y Transformación Digital, Trabajo y Economía Social, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Política Territorial y Función Pública, así como del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
El proyecto de ley se integra en una estrategia de la Dirección General de Tráfico para crear un nuevo modelo de seguridad vial alineado con la política de la Unión Europea, cuyo objetivo es reducir en un 50 por ciento el número de personas fallecidas y heridas graves para el año 2030 y avanzar hacia una cifra próxima a cero en el año 2050.
